Escrito por Mawadda Iskandar en The Cradle. Traducción por el Dr. Enrique Refoyo.
A medida que se acumulan las pruebas de que una red vinculada a los Emiratos Árabes Unidos está suministrando combatientes extranjeros a Sudán, Abu Dabi impulsa a uno de sus diplomáticos más destacados para el cargo internacional más importante del mundo
Un anuncio de contratación en Facebook publicado por Global Security Services Group (GSSG) el 12 de diciembre de 2024 solicitaba a agencias de contratación de Colombia, Chile y Ruanda que proporcionaran personal para lo que la empresa describía como un «proyecto especial de guardias de seguridad».
Detrás de ese anuncio aparentemente rutinario se encontraba una empresa con sede en Abu Dabi cuyo nombre saldría a la luz más tarde en las investigaciones sobre el reclutamiento de mercenarios colombianos para la guerra en Sudán.
En su página web, GSSG se presenta como un proveedor independiente de seguridad privada, destacando su labor en materia de seguridad y logística para clientes públicos y privados, así como su condición de primera empresa de los Emiratos Árabes Unidos en obtener una licencia de seguridad privada.
Las conexiones de la empresa con altos cargos emiratíes han puesto desde entonces en el punto de mira el papel de Abu Dabi en la guerra de Sudán y a los contratistas privados que operan en su nombre.
El rastro de la ONU conduce a Abu Dabi
Desde que estalló la guerra en Sudán en abril de 2023, las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF, en inglés), lideradas por Abdel Fattah al-Burhan, han estado luchando contra las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, en inglés), comandadas por Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti.
La ayuda militar y logística extranjera ha contribuido a prolongar el conflicto. Se ha acusado repetidamente a Abu Dabi de abastecer a las RSF, cuyos combatientes han estado implicados en matanzas masivas, violencia sexual y desplazamientos forzados.
Los Emiratos Árabes Unidos niegan haber prestado apoyo militar a esta fuerza paramilitar.
El 5 de noviembre, el New York Times publicó detalles de una investigación confidencial de la ONU presentada al Consejo de Seguridad. En ella se examinaba el presunto papel del GSSG en el reclutamiento de cientos de antiguos militares colombianos y su traslado a Sudán.
Según los informes, los reclutas combatieron en primera línea, manejaron artillería, drones y vehículos militares, y entrenaron a personal de las RSF. Algunos se unieron a los Lobos del Desierto, que combatieron en Darfur, incluso durante el asedio de El Fasher.
Las fuerzas de Hemedti tomaron la ciudad en octubre de 2025 tras aproximadamente 18 meses de asedio, a lo que siguieron denuncias de atrocidades masivas contra la población civil.
La investigación también sacó a la luz una red de vínculos políticos, comerciales y familiares que conectan a GSSG con figuras influyentes de la dirección de los Emiratos Árabes Unidos, lo que plantea nuevas dudas sobre la implicación de Abu Dabi en la guerra de Sudán y sobre las afirmaciones de la empresa de que opera como contratista de seguridad independiente.
Un informe de septiembre de 2026 de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Sudán identificó redes de personas y entidades que operaban desde los Emiratos Árabes Unidos, estaban registradas en ese país o tenían vínculos con él, y que participaban en el reclutamiento, la financiación, el transporte y el despliegue de combatientes extranjeros.
Los investigadores de la ONU estimaron que se había reclutado a hasta 2.000 exmilitares colombianos a través de estas redes.
El mismo informe indica que los investigadores identificaron a combatientes colombianos en los alrededores de El Fasher antes, durante y después de la toma del poder por parte de las RSF.
Otra investigación de la ONU, publicada en julio de 2026, alegaba que los colombianos se habían entrenado en dos instalaciones militares de los Emiratos Árabes Unidos antes de ser enviados a Sudán. Abu Dabi rechazó las acusaciones y afirmó que había investigado a la empresa e informado al grupo de expertos de la ONU de sus conclusiones.
De Bogotá a El Fasher
El desplazamiento de veteranos colombianos a Sudán ya se había documentado mucho antes de las últimas conclusiones de la ONU.
Desde 2024, periodistas e investigadores de derechos humanos han seguido la pista del desplazamiento de soldados colombianos retirados a través de los Emiratos Árabes Unidos y hacia el territorio controlado por las RSF pasando por Libia, Somalia y Chad. Detrás de ellos se encuentra una red de agencias de reclutamiento, empresas de seguridad e intermediarios financieros que facilitaron la entrada de combatientes extranjeros en la guerra de Sudán.
En una detallada investigación del 25 de mayo de 2026, Human Rights Watch (HRW) documentó el aparente papel de GSSG en la contratación de cientos de contratistas militares privados colombianos que pasaron a apoyar a las RSF.
El reclutamiento comenzó con una agencia colombiana, A4SI, que se puso en contacto con soldados retirados para ofrecerles empleo. Posteriormente, GSSG se encargó, al parecer, de sus contratos y su despliegue.
Una investigación de The Sentry de noviembre de 2025 identificó vínculos contractuales entre A4SI y GSSG.
Basándose en registros corporativos y documentos filtrados, relacionó la operación de reclutamiento colombiana con el coronel retirado Álvaro Quijano, que tenía su base en los Emiratos Árabes Unidos. Otra empresa, Global Staffing, registrada en Panamá, gestionó los pagos a través de mecanismos financieros extraterritoriales.
La división de responsabilidades entre varias empresas ocultó quién controlaba la operación y dificultó el rastreo de los responsables de enviar combatientes colombianos a Sudán.
En septiembre de 2025, el Gobierno de Sudán mencionó a GSSG y A4SI en una denuncia ante el Consejo de Seguridad, acusándolas de ayudar a facilitar la intervención extranjera en la guerra.
Las revelaciones tuvieron gran repercusión en Colombia, donde el expresidente Gustavo Petro condenó el reclutamiento de ciudadanos colombianos para conflictos en el extranjero y pidió disculpas a Sudán por su implicación.
El 9 de diciembre de 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a personas y empresas vinculadas a la red de reclutamiento. Identificó a Quijano como una figura clave en la incorporación de antiguos militares colombianos a la operación.
También sancionó al ciudadano colombo-español Mateo Andrés Duque Botero por su papel en la gestión de Maine Global Corp, empresa que tramitaba transferencias de dinero y pagos relacionados con Global Staffing y la contratación de los combatientes.
Las bases y los corredores del desierto
Las rutas se valían de instalaciones militares y puntos de tránsito en varios países, con los EAU como parada central.
Los contratistas pasaban por la base militar de Ghiyathi y por lo que parecía ser una instalación militar en Al Wathba, Abu Dabi, según las pruebas examinadas por Human Rights Watch. Algunos describieron haber recibido formación de ciudadanos emiratíes.
Un contratista declaró a HRW que no le sellaron el pasaporte al entrar en los EAU. En su lugar, a él y a otros reclutas los llevaron directamente desde el avión a un autobús con destino a la base de Ghiyathi.
El uso de dichas instalaciones y el supuesto eludimiento de los controles rutinarios de inmigración son fundamentales para la valoración de la organización de que el despliegue parecía contar con respaldo estatal.
Otra ruta discurría por el este de Libia. Los combatientes llegaban a Bengasi y a otros lugares bajo el control de fuerzas alineadas con Khalifa Haftar, antes de viajar por tierra a través del desierto hacia Darfur.
En noviembre de 2024, un convoy que entraba en Sudán desde Libia fue interceptado por fuerzas aliadas con el ejército sudanés.
Entre los objetos incautados posteriormente se encontraban documentos de identidad colombianos y munición vinculada a las existencias militares emiratíes.
Una investigación de France 24 Observers realizada en abril de 2025 rastreó unos proyectiles de mortero de fabricación búlgara encontrados en un convoy en Darfur del Norte hasta compras realizadas por la empresa emiratí International Golden Group. Los hallazgos plantearon dudas sobre el desvío de armas fabricadas en Europa y las restricciones que rigen su uso final.
HRW ha documentado por separado municiones de fabricación serbia asociadas a drones de ataque que se habían vendido originalmente a las fuerzas armadas de los EAU y que posteriormente aparecieron en manos de las RSF.
Una segunda ruta discurría por Bosaso, en la región somalí de Puntlandia, conectando con los Emiratos Árabes Unidos y, a continuación, con N’Djamena, en Chad, tras lo cual los combatientes proseguían hacia Nyala, en Darfur del Sur.
En conjunto, estas rutas ilustran cómo el despliegue se basó en aeropuertos, instalaciones militares, intermediarios y corredores terrestres que abarcaban el Golfo, el norte de África y el Cuerno de África.
Las conexiones de la familia gobernante en materia de seguridad
La historia de la propiedad de GSSG conduce directamente a la clase política emiratí.
Según The Sentry, la empresa fue fundada en 2016 por Ahmed Mohammed al-Humairi, secretario general de la Corte Presidencial de los EAU, una institución presidida por el vicepresidente jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, hermano del presidente Mohammed bin Zayed.En 2017, Humairi transfirió sus acciones al empresario Mohamed Hamdan al-Zaabi, quien pasó a ser director ejecutivo de GSSG.
El cambio de propiedad no puso fin a su relación comercial. Los investigadores descubrieron que ambos hombres seguían compartiendo intereses en otras empresas de seguridad, mientras que Zaabi mantenía amplias conexiones comerciales y familiares con figuras de la clase dirigente emiratí.
Un antiguo empleado declaró a HRW que era probable que entre sus clientes se encontraran altos cargos de la familia gobernante, una afirmación que, según la organización, se veía respaldada por correos electrónicos filtrados.
Los vínculos comerciales de GSSG con la clase dirigente emiratí, junto con el supuesto uso de instalaciones militares de los EAU para entrenar y transportar a combatientes colombianos, ponen en duda la imagen que la empresa da de sí misma como contratista de seguridad independiente.
Combatientes colombianos en el frente de Sudán
En Sudán, los contratistas colombianos manejaban drones y artillería, prestaban apoyo a unidades de combate y entrenaban a reclutas. Según los relatos sobre la operación, alrededor de 300 especialistas recibieron formación en el manejo de drones y en guerra antiaérea en los EAU entre enero y octubre de 2025, antes de ser enviados a Sudán.
Un contratista colombiano declaró a HRW que entrenó a reclutas de las RSF cerca de Nyala en abril de 2025 y que muchos de ellos eran niños. El uso de niños en conflictos armados está prohibido por el derecho internacional; reclutar o utilizar a menores de 15 años para que participen activamente en hostilidades constituye un crimen de guerra.
Una investigación de julio de 2026 realizada por la AP documentó testimonios de antiguos niños soldados sudaneses que afirmaron haber sido entrenados por mercenarios colombianos. Un niño, secuestrado por combatientes de las RSF en Omdurman a los 15 años, contó que lo encadenaron a un cañón antiaéreo durante los ataques aéreos, mientras los combatientes colombianos se ponían a cubierto.
Otro describió cómo le golpearon por negarse a disparar la artillería.Los reclutas colombianos también sufrieron malos tratos por parte de quienes los contrataron. Los contratistas denunciaron retrasos en el pago de los salarios, abusos y misiones peligrosas que poco tenían que ver con el trabajo de seguridad que les habían prometido.
Algunos también denunciaron haber sufrido torturas.
El imperio mercenario toma formaLa operación en Sudán se inscribe en una larga trayectoria de dependencia de los Emiratos Árabes Unidos respecto a los contratistas militares extranjeros.
Más de una década antes, Mohammed bin Zayed recurrió a Erik Prince, fundador de la tristemente célebre empresa militar privada Blackwater, para que le ayudara a reunir una fuerza de combatientes extranjeros. El historial de Blackwater en Irak, que incluía el asesinato de civiles a manos de su personal, ya había convertido a la empresa en sinónimo de los peligros de la guerra externalizada.
Los informes del proyecto describen una financiación de cientos de millones de dólares y el reclutamiento de aproximadamente 800 efectivos extranjeros, algunos de los cuales fueron trasladados inicialmente a los Emiratos Árabes Unidos en el marco de contratos de empleo civil antes de recibir entrenamiento militar.
Desde entonces, la creciente dependencia de Abu Dabi respecto a los mercenarios extranjeros se ha extendido a varios conflictos regionales, entre ellos los de Sudán y Yemen.El uso de contratistas también salió a la luz en Yemen y Libia.
En Libia, empresas vinculadas al príncipe se relacionaron con el «Proyecto Opus», un plan de 2019 destinado a apoyar a las fuerzas de Haftar con combatientes extranjeros, helicópteros de ataque, drones y recursos de inteligencia. Expertos de la ONU examinaron planes que también incluían un equipo propuesto para operaciones de secuestro y asesinato. Empresas registradas en los EAU estaban relacionadas con un proyecto cuyo valor, según se informa, ascendía a unos 80 millones de dólares.
Contener el daño en el extranjero
Abu Dabi ha negado repetidamente haber suministrado combatientes y armas a las RSF de Sudán, al tiempo que se esfuerza por contener las repercusiones diplomáticas.
Una investigación independiente de la ONU, presentada al Consejo de Seguridad en julio de 2026, examinó el entrenamiento y el despliegue de mercenarios colombianos a través de redes vinculadas a los EAU.
La publicación del informe se retrasó posteriormente tras la objeción de Baréin, que solicitó más tiempo para que los EAU respondieran a las conclusiones de los investigadores.
Sudán ha sido escenario de una batalla similar en torno a la redacción y la responsabilidad. Antes de una votación del Parlamento Europeo en noviembre de 2025 que condenaba las atrocidades cometidas en el país, los Emiratos Árabes Unidos presionaron, según se informa, a los legisladores sobre la redacción de la resolución.
El texto aprobado no identificó el papel de Abu Dabi. Una resolución posterior, de julio de 2026, adoptó una postura más crítica respecto al apoyo emiratí a las RSF y pidió sanciones contra una empresa emiratí implicada en el reclutamiento y el transporte de combatientes.
Una candidatura al máximo cargo de la ONU
El 21 de octubre de 2026, los EAU nominaron formalmente a Lana Zaki Nusseibeh para convertirse en la próxima secretaria general de la ONU. La candidatura proponía a una de las diplomáticas más experimentadas de Abu Dabi para dirigir una institución que investiga actividades vinculadas a los Emiratos Árabes Unidos en Sudán.
Nusseibeh ocupó el cargo de representante permanente de los EAU ante la ONU desde septiembre de 2013 hasta abril de 2024. Durante ese período, defendió la postura de su Gobierno sobre conflictos como los de Yemen y Sudán.
En abril de 2024, desestimó como «infundadas» las acusaciones del Gobierno sudanés de que los EAU estaban proporcionando apoyo militar a las RSF.
Después de que un informe de la ONU planteara acusaciones creíbles de que la ayuda militar emiratí llegaba a las RSF a través de Chad, Nusseibeh escribió a The Economist negando que Abu Dabi hubiera suministrado armas u otro tipo de apoyo a ninguna de las partes beligerantes.
Una comunicación de los EAU que acompañaba a un documento de la ONU calificaba los vuelos a Chad como misiones de ayuda humanitaria. Informes europeos también la relacionaron con los esfuerzos por influir en el debate parlamentario sobre Sudán.
Desde Sudán hasta Libia y Yemen, Abu Dabi ha recurrido a contratistas militares extranjeros para promover sus intereses regionales, al tiempo que utiliza su influencia diplomática para desviar la atención de dichas operaciones. La elección del funcionario emiratí Ahmed Naser al-Raisi como presidente de Interpol en 2021 supuso un paso más en la búsqueda de influencia de Abu Dabi dentro de las instituciones internacionales.
La candidatura de Nusseibeh sitúa ahora a Abu Dabi en la carrera por el cargo más alto de la ONU, incluso mientras los investigadores de la organización examinan las redes militares extranjeras vinculadas a los Emiratos Árabes Unidos.


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