Lo que revela la caza de brujas de los medios occidentales contra Jensen Huang sobre la política estadounidense

13–20 minutos
Ilustración política con textos «NUEVO MACARTISMO», «BLOQUEO» y «CENSURA», líderes enfrentados y tecnología

Escrito por Shen Yi en The China Academy. Traducido por el Dr. Enrique Refoyo.

Justo después de las elecciones de mitad de mandato en EE. UU., la relación extramatrimonial de Jensen Huang con la empresaria Huang Le acaparó los titulares de todo el mundo.

Los medios occidentales no tardaron en tacharla, sin fundamento alguno, de espía, extendiendo la teoría de la conspiración a las esposas chinas de todos los ejecutivos del sector tecnológico estadounidense. El experto chino en ciberseguridad Shen Yi argumentó que toda esta cortina de humo mediática oculta un consenso bipartidista en EE. UU.:

El 8 de noviembre, Jensen Huang publicó una carta dirigida a los empleados en la página web oficial de Nvidia en la que reconocía haber mantenido una relación extramatrimonial. También afirmó que el consejo de administración de Nvidia había puesto en marcha una investigación independiente y que, por el momento, no había motivos para creer que la seguridad nacional de EE. UU. o los secretos de la empresa se hubieran visto comprometidos.

Lo que se puede afirmar a fecha de 9 de noviembre es que los materiales hechos públicos por las autoridades estadounidenses no han corroborado varias de las preguntas y acusaciones planteadas contra Huang.

Para comprender la controversia, debemos considerar en primer lugar las restricciones cada vez más estrictas que Estados Unidos ha impuesto al sector de la inteligencia artificial de China en los últimos años. Lejos de ser un incidente aislado, se trata de otra disputa derivada del esfuerzo más amplio de Washington por controlar los chips avanzados, la capacidad de computación en IA y los servicios tecnológicos asociados a ellos.

Desde el inicio de la administración Biden, Estados Unidos ha ido endureciendo progresivamente las restricciones al acceso de China a los semiconductores de nodo avanzado y a la potencia de computación en IA. En 2021, la Comisión de Seguridad Nacional sobre Inteligencia Artificial publicó su informe final, en el que se subrayaba que Estados Unidos debía mantener su liderazgo tecnológico en IA.

En otras palabras, Washington ha definido el desarrollo de la IA como una competición que no puede permitirse perder. Sin embargo, hay dos formas de ganar una carrera: mejorar las propias capacidades y correr más rápido, o frenar a los competidores para que no puedan alcanzar al líder. Pensemos en el antiguo videojuego Road Rash. Los jugadores podían correr con sus motos normalmente, pero también podían dar patadas y puñetazos a sus rivales para sacarlos de la pista. Si eliminabas a todos los oponentes, te mantenías en primera posición por muy despacio que condujeras.

Una característica central de la política estadounidense hacia la IA china ha sido su apuesta por el segundo enfoque. Washington busca no solo preservar su ventaja a través de la innovación, sino también privar a China de los recursos críticos necesarios para el desarrollo de la IA mediante controles de exportación, restricciones a la inversión y bloqueos tecnológicos.

En abril de 2021, la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de EE. UU. añadió siete entidades —entre ellas Tianjin Phytium, Sunway y varios centros nacionales de supercomputación chinos— a su Lista de Entidades, alegando su participación en la modernización militar de China. En junio de ese mismo año, la Administración Biden promulgó la Orden Ejecutiva 14032, con la que se revisaban aún más las restricciones a las inversiones en valores de determinadas empresas chinas relacionadas con la defensa.

En 2022, Estados Unidos promulgó la Ley CHIPS y de Ciencia para apoyar la fabricación y la investigación nacionales en el ámbito de los semiconductores. Al mismo tiempo, sus medidas de control de las subvenciones impedían a los beneficiarios ampliar la capacidad de producción de semiconductores avanzados en China y otros denominados «países extranjeros de interés», al tiempo que imponían restricciones a la investigación, la concesión de licencias y las transferencias de tecnología sensible.

El 7 de octubre de 2022, el Departamento de Comercio introdujo nuevos controles a la exportación que abarcaban los chips informáticos avanzados, los usos finales relacionados con superordenadores, los equipos avanzados de fabricación de semiconductores y determinadas actividades de ciudadanos estadounidenses que apoyaran la producción de chips avanzados en China.

Estas medidas afectaron a los chips A100 y H100 de Nvidia y a los sistemas relacionados. Washington también invocó la «Regla del Producto Directo Extranjero» (Foreign Direct Product Rule) para incluir determinados bienes fabricados en el extranjero utilizando tecnología o software estadounidenses en el ámbito de los controles de exportación de Estados Unidos.

El objetivo, por tanto, no era simplemente impedir que China adquiriera directamente hardware informático avanzado. Se trataba también de obstaculizar la capacidad de China para ampliar la producción nacional de chips sofisticados. Desde la adquisición y la fabricación de equipos hasta la asistencia técnica, Washington estaba montando un sistema de restricciones cada vez más elaborado.

En 2023, Estados Unidos endureció los umbrales de rendimiento que regulan los chips informáticos avanzados, sometiendo a las restricciones incluso a los productos A800 y H800 de Nvidia, de prestaciones reducidas y diseñados específicamente para el mercado chino. También intensificó el escrutinio de los usuarios finales en el extranjero y presionó a países como Japón y los Países Bajos para que cooperaran en las restricciones a la exportación de equipos de fabricación de semiconductores.

En 2024, los controles se ampliaron a la memoria de gran ancho de banda, los equipos de fabricación de semiconductores y las herramientas de software. El 2 de diciembre, el Departamento de Comercio anunció nuevas restricciones que abarcaban 24 categorías de equipos de fabricación de semiconductores, tres categorías de herramientas de software y memoria de gran ancho de banda, al tiempo que añadía 140 entradas a la Lista de Entidades.

Mientras tanto, la supervisión estadounidense se extendió cada vez más a la actividad inversora y a los servicios informáticos en el extranjero. En enero de 2025 entraron en vigor las restricciones a determinadas inversiones estadounidenses en el exterior relacionadas con semiconductores, tecnologías de información cuántica e inteligencia artificial en China continental, Hong Kong y Macao.

Aunque aparentemente diseñadas para mitigar el riesgo, estas medidas revelan una tendencia más amplia: Washington está ampliando cada vez más el concepto de seguridad nacional, incorporando la actividad económica ordinaria y la competencia tecnológica a su aparato de control de seguridad.

Cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, la política sufrió algunos ajustes. Mientras que la Administración Biden había tratado de establecer un marco de control global, la Administración Trump puso mayor énfasis en acuerdos específicos por país, la concesión de licencias caso por caso y el equilibrio entre las restricciones y los intereses comerciales. Nada de esto significaba que Washington hubiera abandonado sus esfuerzos por contener a China tecnológicamente.

Antes de abandonar el cargo, la Administración Biden presentó un Marco de Difusión de la IA que pretendía aplicar diferentes requisitos de concesión de licencias a los chips avanzados en función de su destino y regular los pesos de los modelos de determinados sistemas de IA de código cerrado líderes. Entre sus principales objetivos se encontraban impedir que los chips avanzados llegaran a China a través de terceros países y evitar que las empresas chinas obtuvieran los correspondientes servicios informáticos a través de centros de datos en el extranjero.

En mayo de 2025, la Administración Trump anunció que no haría cumplir los nuevos requisitos del marco e inició el proceso para derogarlos. Sin embargo, en mayo de 2026, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE. UU. señaló que el Departamento de Comercio no había completado formalmente la derogación; en su lugar, había adoptado una política general de no aplicación.

Esto dejó una zona gris normativa en la que el Gobierno de EE. UU. podía reactivar, reforzar o modificar las restricciones siempre que las circunstancias políticas lo exigieran.

El chip H20 de Nvidia ofrece un ejemplo especialmente revelador de esta volatilidad política. En abril de 2025, Washington exigió a Nvidia que obtuviera licencias antes de exportar chips H20 a China. Posteriormente, Nvidia registró unos gastos de aproximadamente 4.500 millones de dólares relacionados con el exceso de existencias y los compromisos de compra. En agosto, las autoridades estadounidenses habían comenzado a expedir licencias para transacciones con algunos clientes chinos. Nvidia, sin embargo, afirmó que los compradores chinos mostraban poco interés por los chips importados, cuyo rendimiento no satisfacía sus necesidades, lo que limitaba las ventas de las existencias restantes.

El 15 de enero de 2026, Estados Unidos modificó su política de revisión de licencias para determinadas exportaciones de chips de la clase H200 a China, pasando de una presunción de denegación a una revisión caso por caso. Los productos que cumplían los requisitos, incluidos el H200 de Nvidia y el MI325X de AMD, pasaron así a ser, en teoría, aptos para solicitar licencias de exportación.

Pero la revisión caso por caso no equivale en absoluto a una exportación sin restricciones. Los solicitantes deben demostrar que el suministro interno de EE. UU. es suficiente y que las exportaciones propuestas no desviarán la capacidad de producción del mercado estadounidense. Los compradores deben contar con procedimientos adecuados de control y seguridad, y los productos deben someterse a pruebas realizadas por un tercero independiente en Estados Unidos. Washington también exige la divulgación de determinados usuarios finales remotos e impone límites de rendimiento agregados a los chips pertinentes enviados a China continental o Macao. Los productos más potentes quedan fuera del alcance de esta flexibilización.

Por lo tanto, existe una brecha considerable entre que se permita solicitar una licencia y la entrega efectiva de un producto. Puede parecer que la política estadounidense se ha suavizado, pero su lógica subyacente permanece fundamentalmente inalterada. Al mismo tiempo, el crecimiento de la industria china de la IA está reconfigurando el mercado. A medida que mejoran las capacidades tecnológicas e industriales chinas, están cambiando tanto la dependencia de las empresas chinas de los chips estadounidenses de menor rendimiento como sus estrategias de negociación.

Los esfuerzos de EE. UU. por controlar la cadena de suministro de la IA también están yendo más allá de los propios chips para abarcar los modelos de IA y los servicios de computación en la nube. Mientras que antes los reguladores se centraban principalmente en si las empresas chinas podían adquirir chips avanzados directamente, ahora prestan mayor atención a las cuestiones de cumplimiento normativo relacionadas con los servicios de centros de datos en el sudeste asiático.

Esto ayuda a explicar por qué las operaciones de los centros de datos en países como Singapur y Malasia han atraído cada vez más el escrutinio regulador de EE. UU. Ya en 2025, varias personas en Singapur se enfrentaron a cargos en un caso relacionado con supuestas declaraciones falsas sobre los usuarios finales de los servidores. En Malasia han surgido controversias similares en materia de cumplimiento normativo.

El primer contexto esencial de la polémica en torno a Jensen Huang es, por tanto, la campaña de larga duración de Washington para reforzar su control sobre el acceso de China a chips avanzados, servicios informáticos y otras tecnologías que considera estratégicamente importantes. Dichos controles se han convertido en un componente fundamental de la política de seguridad nacional de EE. UU.

Sin embargo, resulta más revelador un segundo contexto: la convergencia entre la justificación de la seguridad nacional estadounidense, en constante expansión; la rivalidad estratégica más amplia entre China y Estados Unidos; y un ambiente político al estilo mccarthista en el país.

Las tres comisiones del Congreso que exigieron una sesión informativa a puerta cerrada a Jensen Huang están presididas por republicanos. Sin embargo, en cuestiones relacionadas con China, tanto demócratas como republicanos pueden adoptar posturas marcadamente centradas en la seguridad. La inquietud respecto a China en la política interna estadounidense ha alcanzado un nivel casi absurdo. El origen chino de una persona, las relaciones comerciales de una empresa con China o incluso las interacciones comerciales rutinarias con el Gobierno chino pueden bastar para que algunos políticos y medios de comunicación insinúen un riesgo para la inteligencia.

Esta línea de razonamiento no es nada nueva. Algunos políticos estadounidenses llevan mucho tiempo recurriendo a argumentos manifiestamente absurdos para alegar vínculos entre empresas chinas y el ejército chino. Ahora se dirigen presunciones similares hacia Huang: los medios de comunicación han entretejido el origen chino de las personas implicadas, sus conexiones empresariales con China y sus relaciones privadas en una narrativa saturada de implicaciones para la seguridad nacional.

El problema es obvio. Los vínculos comerciales no constituyen, por sí mismos, prueba de una conducta ilícita. Y menos aún se puede tachar a una persona de agente de un servicio de inteligencia extranjero basándose en su origen étnico o en asociaciones sin fundamento.

En este sentido, Jensen Huang se enfrenta a una clásica caza de brujas en materia de seguridad nacional en Estados Unidos. Detrás de ello se esconde un problema más profundo: la creciente ansiedad estratégica de Washington ante el desarrollo de la industria china de la IA. Estados Unidos partió inicialmente de la base de que controlar los chips de nodo avanzado y restringir el acceso de China a la potencia informática de alta gama frenaría eficazmente el desarrollo chino de la IA. Sin embargo, los acontecimientos no se han desarrollado del todo como esperaba Washington.

A pesar de las continuas restricciones tecnológicas estadounidenses, los grandes modelos de IA de código abierto chinos han logrado repetidos avances, ofreciendo un rendimiento impresionante a menor coste y con mayor eficiencia. También han obtenido un reconocimiento cada vez mayor en aplicaciones del mundo real y en su adopción por parte del mercado.

Por lo tanto, los retos prácticos que plantea la estrategia de Washington de asegurar una ventaja duradera mediante bloqueos tecnológicos son cada vez más difíciles de ignorar. Estados Unidos ha presentado la competencia en IA como una carrera que debe ganar, pero el progreso de China demuestra que frenar a un rival no garantiza necesariamente la victoria.

A medida que las empresas chinas de IA siguen logrando avances, algunas fuerzas políticas de Estados Unidos se muestran reacias a reconocer los poderosos motores internos de la innovación tecnológica y el crecimiento industrial chinos. En su lugar, buscan una explicación alternativa: ¿Fueron estos avances posibles gracias a chips estadounidenses obtenidos infringiendo los controles de exportación, o a servicios informáticos enrutados a través de centros de datos en el extranjero?

A continuación, tratan de elevar lo que normalmente serían cuestiones de cumplimiento de los controles de exportación derivadas de la actividad comercial a asuntos de seguridad nacional o incluso de espionaje. Al invocar la supuesta amenaza de China, Washington puede justificar restricciones tecnológicas cada vez más estrictas, al tiempo que, en cierta medida, oculta el fracaso de políticas anteriores a la hora de alcanzar los resultados previstos.

Si realmente se ha producido un transbordo o contrabando que incumpla los controles de exportación, las autoridades pueden investigar basándose en pruebas y tramitar el asunto conforme a la ley. Pero, ¿por qué deben vincularse los riesgos de incumplimiento inherentes a las transacciones comerciales ordinarias a supuestas amenazas a la seguridad nacional y a agencias de inteligencia extranjeras? Una vez que un asunto se califica como cuestión de seguridad nacional, las agencias implicadas pueden obtener poderes de investigación más amplios y un mayor margen de maniobra política. Las supuestas irregularidades que deberían requerir pruebas específicas pueden convertirse más fácilmente en una controversia política en la que el acusado se ve continuamente obligado a demostrar su inocencia.

Esta mentalidad ya quedó patente durante el interrogatorio en el Congreso al director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew. Aunque Chew es singapurense, los legisladores estadounidenses le presionaron repetidamente sobre sus vínculos con el Partido Comunista de China. Los intercambios reflejaron una suposición profundamente arraigada: se puede suponer que cualquier persona de etnia china tiene alguna conexión especial con el Gobierno chino.

Aplicada a Huang, esa misma lógica expondría tanto su identidad personal como sus relaciones privadas y sus actividades empresariales al escrutinio político.

Aquí se plantea una cuestión aún más sutil. Si Jeff Bezos o Bill Gates se vieran envueltos en una controversia similar por una relación privada, ¿se apresurarían igualmente los políticos y los medios de comunicación estadounidenses a convertir sus vidas personales en asuntos de seguridad nacional?

¿Podría la situación particular de Huang reflejar también el prejuicio étnico que existe desde hace tiempo en la sociedad estadounidense? La intersección entre la tradición política anticomunista «mccarthista» de Estados Unidos, su visión profundamente centrada en la seguridad respecto a China y las cuestiones de identidad étnica puede exponer a Huang a un conjunto especialmente complejo de riesgos políticos.

Por supuesto, la evolución del asunto dependerá de las conclusiones de la investigación y de las pruebas que salgan a la luz. Pero si la política interna estadounidense continúa en esta dirección, podríamos ser testigos de cómo un revuelo que aún no se sustenta en hechos suficientes se transforma gradualmente en presión política sobre la gestión —y, potencialmente, incluso sobre la propiedad y el control de los activos— de una importante empresa tecnológica.

Si la mera presión impulsada por los medios de comunicación puede impulsar acusaciones insuficientemente fundamentadas contra un empresario tan influyente como Huang, y luego condicionar el gobierno corporativo, ¿qué será del compromiso que Estados Unidos profesa con los mercados libres y la protección de la propiedad privada? Esto podría resultar ser un punto de inflexión significativo.

La polémica en torno a Huang pone de manifiesto algo más que un choque entre la política nacional y el capital tecnológico en Estados Unidos. También revela la ansiedad y el desequilibrio de una potencia hegemónica en relativo declive al enfrentarse a la competencia externa. Cuando un país pierde la confianza en su capacidad para mantenerse a la vanguardia mediante la competencia leal y la innovación sostenida, puede recurrir cada vez más a restricciones administrativas, presión política y revisiones de seguridad nacional para frenar a sus competidores.

Sin embargo, es posible que esas tácticas no sirvan de mucho para resolver sus problemas subyacentes. Por el contrario, corren el riesgo de perturbar aún más los mercados, perjudicar a las empresas y socavar los mismos principios institucionales que el país afirma defender. En ese sentido, la dura experiencia de Huang podría poner de manifiesto una vez más la realidad del capitalismo de libre mercado estadounidense cuando se ve sometido a presiones políticas.

¿Cómo responderá a la ascensión de la industria china de la IA una potencia hegemónica que ha perdido el rumbo —y unos Estados Unidos cada vez más inseguros de su capacidad para triunfar mediante la competencia ordinaria? Puede que la historia ya esté dando una respuesta. El intento de Washington de preservar su ventaja frenando a sus competidores podría acabar convirtiéndose, en última instancia, en una muestra más de su propio declive relativo y de su fracaso político.


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