Estimados lectores, en la gran traducción diaria les traemos al español un artículo que pone el foco en Afganistán. Fue escrito por Dure Akram para UWI y esperamos que sea de su interés, una vez más.

Los afganos constituyen hoy en día una de las mayores poblaciones de refugiados del mundo, con una cifra estimada de aproximadamente 6,4 millones de personas.

La decisión de Alemania de trasladar a 535 ciudadanos afganos varados en Pakistán este invierno se presentó como una medida administrativa, una resolución de asuntos pendientes heredados del gobierno anterior. En realidad, ofreció una medida reveladora de cómo se ha remodelado la política internacional de refugiados desde que los talibanes regresaron a Kabul en agosto de 2021.

La protección no se ha retirado por completo, ni se ha derrumbado bajo el peso de impugnaciones legales o revueltas políticas. Se ha reducido mediante procesos, se ha racionado mediante retrasos y se ha rediseñado de modo que la escala ha dejado de ser un principio rector, sustituido por una lógica más silenciosa y defendible de manejabilidad.

Los afganos constituyen hoy en día una de las mayores poblaciones de refugiados del mundo, estimada en aproximadamente 6,4 millones de personas. La cifra se cita ahora ampliamente, a menudo tratada como contexto de fondo más que como un problema político vivo. Lo que atrae menos atención es su distribución y las decisiones políticas que conlleva.

Casi nueve de cada diez refugiados afganos viven en Irán y Pakistán, no porque estos Estados hayan construido sistemas de asilo ejemplares, sino porque los regímenes migratorios occidentales han endurecido los puntos de entrada legales, al tiempo que han conservado vías estrechas y altamente selectivas que pueden defenderse ante los electores nacionales como excepcionales y no estructurales.

Esta concentración no es solo una casualidad geográfica. Es el resultado acumulativo de las decisiones tomadas a lo largo de varios años por los Estados más ricos para privilegiar el control sobre la capacidad y la disciplina procedimental sobre la escala. El puente aéreo de Alemania ilustra este modelo en miniatura. El programa que hay detrás de estos vuelos aprobó hace años a varios miles de afganos, muchos de ellos periodistas, trabajadores de la sociedad civil, antiguos empleados de organizaciones internacionales y sus familiares directos.

Cientos de esas aprobaciones caducaron posteriormente, no porque cambiaran las evaluaciones de amenazas o mejoraran las condiciones, sino porque se agotaron los plazos administrativos. En la práctica, la diferencia entre evacuación y abandono dependía menos de la exposición al riesgo que de si un expediente seguía activo dentro de un sistema diseñado para desprenderse de las obligaciones de forma gradual y sin confrontación pública.

Esa lógica define ahora gran parte de la política de asilo occidental. Los gobiernos hablan del lenguaje de la selección, el orden y los plazos, presentándolos como herramientas neutrales de gobernanza en lugar de instrumentos políticos. Las admisiones ya no siguen tanto las tendencias de desplazamiento o la urgencia humanitaria como los umbrales de tolerancia interna y el riesgo electoral. El asilo, que antes se basaba en el derecho internacional y se enmarcaba como una obligación duradera, funciona cada vez más como una concesión otorgada a través de la burocracia, vulnerable a la expiración y al desgaste procedimental.

Estados Unidos ocupa un lugar destacado en este panorama, aunque su papel se entiende mejor como un acelerador que como un arquitecto. Tras el tiroteo de finales de noviembre de 2025 en Washington D. C., en el que un ciudadano afgano fue acusado de matar a miembros de la Guardia Nacional, la política estadounidense se movió rápidamente bajo una intensa presión interna.

En cuestión de días, el Departamento de Estado anunció una pausa en la expedición de visados a los ciudadanos afganos que solicitaran pasaportes afganos, incluidos los visados especiales de inmigrante destinados a los afganos que habían trabajado junto a las fuerzas estadounidenses. Se ordenó a los funcionarios consulares que detuvieran la tramitación y se cancelaron los visados ya autorizados pero no impresos.

La decisión reflejó el habitual impulso estadounidense de privilegiar la garantía de seguridad visible en momentos de conmoción, incluso cuando el instrumento político empleado es más amplio que la amenaza a la que pretende hacer frente.

También es importante señalar que la suspensión no supuso un rechazo total de los compromisos de protección de los afganos, ni borró las vías ya utilizadas por decenas de miles de personas desde 2021. Desde la retirada, casi 200 000 afganos han entrado en Estados Unidos a través de vías de libertad condicional, refugiados y SIV, una cifra que sigue siendo considerable desde cualquier punto de vista global.

Al mismo tiempo, alrededor de 265 000 afganos permanecen en el extranjero, muchos de ellos en Pakistán u otros países de tránsito, tras haber superado múltiples niveles de control de seguridad y a la espera de que se tramite su solicitud.

Para estas personas, la pausa no se traduce en exclusión, sino en una incertidumbre prolongada. Su situación jurídica no mejora, su vulnerabilidad no disminuye y la carga de su presencia sigue recayendo sobre los países de acogida, que ya asumen una responsabilidad desproporcionada.

Las preocupaciones en materia de seguridad ocupan un lugar central en este debate y no pueden descartarse como una excusa retórica. Ciudadanos y redes afganos han aparecido en investigaciones sobre terrorismo en distintas regiones, y el seguimiento de las Naciones Unidas sigue documentando la presencia de grupos militantes transnacionales que operan desde territorio afgano.

Pakistán, en particular, atribuye una parte significativa de los ataques transfronterizos a organizaciones que se refugian en Afganistán, mientras que los talibanes han demostrado una capacidad limitada, y en ocasiones una inclinación limitada, para frenar sus actividades. Los gobiernos que responden a un electorado inquieto por la violencia se enfrentan a limitaciones reales, no solo a conveniencias políticas.

La cuestión, por lo tanto, no es si los Estados deben responder, sino cómo hacerlo de manera proporcionada y con qué efectos posteriores. Cada vez más, los Estados recurren a herramientas administrativas colectivas en lugar de mecanismos de aplicación específicos para cada caso, capaces de distinguir entre los perfiles de riesgo individuales. La nacionalidad se convierte en sinónimo de amenaza. Los canales de visado se ralentizan o se congelan de forma generalizada. Las campañas de deportación se aceleran de forma masiva. Estas medidas son políticamente legibles y administrativamente eficaces, especialmente en climas internos tensos, pero también son imprecisas. Capturan a un gran número de personas que no representan una amenaza discernible, mientras que dejan prácticamente intactos los factores subyacentes de la inseguridad.

Irán demuestra cómo funciona este enfoque cuando se aplica a gran escala. Solo en 2025, las autoridades iraníes expulsaron a más de 1,6 millones de afganos, según declaraciones oficiales, mientras que las organizaciones humanitarias estiman que Irán y Pakistán juntos obligaron a más de 2,6 millones de personas a regresar a Afganistán en un solo año, alrededor del 60 % de ellas mujeres y niños.

Muchos de los expulsados habían vivido en Irán durante más de una década, formando familias y trabajando de manera informal en una zona gris legal marcada por los cambiantes regímenes de registro. Las lagunas en la documentación, a menudo producto de la inestabilidad política más que de un incumplimiento deliberado, se consideraron motivos para la expulsión en lugar de para la regularización.

La trayectoria de Pakistán ha seguido un camino similar, aunque bajo presiones diferentes. Desde finales de 2023, más de 800 000 afganos han abandonado Pakistán bajo presión, y las agencias humanitarias prevén que el total supere el millón si el ritmo continúa. La campaña se ha basado en las leyes de seguridad interior e inmigración, en lugar de en la legislación sobre refugiados, lo que ha permitido a las autoridades enmarcar la operación como una medida de cumplimiento de la ley y no como una devolución. Se han desmantelado los asentamientos y se está ordenando a las familias que han vivido en Pakistán durante décadas, incluidas las nacidas allí, que regresen a un país que apenas conocen.

Las encuestas realizadas en las comunidades de refugiados indican que una parte importante de las personas que abandonan Irán y Pakistán no tienen tierras, ni perspectivas de empleo, ni redes sociales duraderas en Afganistán. La deportación en estos casos no es un retorno al origen ni una restauración de la pertenencia nacional. Se trata de un desplazamiento forzoso, que traslada la vulnerabilidad a través de las fronteras sin resolverla y, a menudo, intensifica la inestabilidad que los Estados de acogida afirman estar gestionando.

El derecho internacional sigue intacto formalmente. La prohibición del retorno forzoso al peligro sigue existiendo en los tratados, las decisiones judiciales y las declaraciones oficiales. Lo que ha cambiado es la aplicación. Los estatutos de protección temporal caducan silenciosamente, las apelaciones se comprimen o se restringen y se afirma el «retorno seguro» sin verificación independiente ni supervisión sostenida. Cada medida es defendible por separado, a menudo justificada como técnica o transitoria. En conjunto, vacían de contenido la protección sin necesidad de una sola votación parlamentaria o repudio formal de las normas internacionales.

Las condiciones dentro de Afganistán ponen de relieve lo que está en juego con esta erosión. La economía aún no se ha recuperado de la contracción posterior a 2021, y el empleo en el sector público sigue estando muy reducido. Las mujeres siguen sin poder acceder a la educación secundaria y a la mayoría de las formas de trabajo remunerado, lo que afianza la vulnerabilidad de los hogares y la dependencia a largo plazo. Las misiones de supervisión de las Naciones Unidas han documentado detenciones arbitrarias, intimidaciones y abusos contra antiguos funcionarios, periodistas y activistas, incluso entre los repatriados recientes. Las agencias humanitarias advierten de que alrededor de 17 millones de afganos se enfrentan a la inseguridad alimentaria, con una ayuda invernal muy insuficiente y millones de niños con malnutrición aguda, lo que apunta a una crisis estructural más que estacional.

La deportación a gran escala también requiere cooperación, una realidad que introduce sus propias contradicciones. Los vuelos deben aterrizar, las fronteras deben abrirse y las listas deben completarse. Esto ha dado lugar a una silenciosa colaboración operativa entre los gobiernos y las autoridades talibanes, incluso cuando se niega el reconocimiento diplomático y la retórica pública sigue siendo intransigente. La expulsión depende del mismo régimen cuyas prácticas provocaron la huida, mientras que los flujos de ayuda y la coordinación técnica llenan el vacío diplomático, lo que permite que las deportaciones se lleven a cabo sin negociación pública ni rendición de cuentas.

La opinión pública se gestiona en consecuencia. Los refugiados se reducen a agregados, calendarios y objetivos de aplicación, mientras que las circunstancias individuales quedan fuera de la vista. Cuando se produce la violencia, la identidad tiende a superar a las pruebas. En un reciente atentado en un lugar público concurrido en Australia, los refugiados fueron identificados erróneamente como sospechosos antes de que los hechos corrigieran la narrativa, un episodio que pasó rápidamente pero que reveló lo reflexiva que se ha vuelto la sospecha. En todas las regiones, los incentivos políticos premian la dureza visible por encima de la precisión procedimental.

Los Estados más ricos no han desmantelado sus sistemas de asilo, ni han renunciado abiertamente a sus compromisos. En cambio, han externalizado los costes, trasladando la responsabilidad a los vecinos de las zonas de conflicto y a las personas con menos influencia legal. El sistema parece ordenado sobre el papel, regido por normas y plazos, mientras que en la práctica exporta inestabilidad.

Para Pakistán y otros importantes Estados de acogida, las implicaciones son tanto estratégicas como humanitarias. El retorno a gran escala no neutralizará la militancia que emana de Afganistán, ni resolverá los dilemas de seguridad que animan la política interna. Se corre el riesgo de intensificar la competencia por el trabajo, la tierra y el patrocinio dentro de países que ya se enfrentan a la inflación, la presión de la deuda y la inestabilidad política, al tiempo que se reduce el margen de maniobra al vincular más estrechamente la seguridad interna a acontecimientos transfronterizos que no pueden controlar. La deportación puede aliviar la presión política a corto plazo, pero agrava la exposición a largo plazo.

El puente aéreo de Alemania, limitado y preciso, capta el momento con una claridad involuntaria. La protección es ahora selectiva, limitada en el tiempo y aislada políticamente, mientras que el desplazamiento masivo se trata como un problema regional que hay que gestionar, en lugar de como una obligación global que hay que compartir. El desplazamiento afgano no alcanzó esta magnitud de la noche a la mañana, y no se resolverá mediante calendarios de deportación o pausas en la concesión de visados.

Lo que ha cambiado es la tolerancia internacional hacia la exclusión administrada discretamente y justificada administrativamente. Los costes están siendo absorbidos de forma desproporcionada por el Sur Global, no porque haya elegido este papel, sino porque otros, limitados por la política interna, han dado un paso atrás.