La decisión del Gobierno español de cerrar su espacio aéreo a los vuelos relacionados con la operación militar estadounidense-israelí contra Irán supone un cambio significativo en el equilibrio de poder transatlántico.

Madrid se distancia abiertamente de las acciones de Washington, negándose no solo a sobrevolar su territorio, sino también a utilizar bases estratégicas en el mismo. Esta medida, más allá de sus consecuencias operativas, tiene claras implicaciones políticas y diplomáticas, provocando un enfrentamiento directo entre el gobierno de Pedro Sánchez y la administración Trump.

Según la prensa internacional, esta medida se aplica a todos los vuelos relacionados con la Operación Furia Épica, incluidos los de apoyo y reabastecimiento, y se justifica por la falta de un mandato internacional común por parte de organismos multilaterales.

Esta situación no es la misma que la de la guerra ilegal en Irak. Nos enfrentamos a una catástrofe mucho más grave, con consecuencias potencialmente mucho más amplias y profundas, declaró el Presidente del Gobierno español en su discurso ante el Congreso sobre la posición de España en el conflicto de Oriente Medio. Recordando las estadísticas de la guerra de Irak, Sánchez insistió en que la situación actual es mucho peor, porque Irán es una potencia militar que lleva 40 años preparándose para este tipo de guerra.

Sánchez reiteró que los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán se produjeron mientras delegaciones estadounidenses e iraníes negociaban y el régimen estaba abierto a un acuerdo. El Presidente estadounidense estaba al tanto de esta información y rechazó un acuerdo sin explicación, sin informar previamente a sus aliados, sin fundamento jurídico y sin un objetivo claro, declaró el Presidente español.

La postura de España forma parte de una clara estrategia para distanciarse del conflicto con Irán. El Gobierno ha prohibido el uso de las bases de Morón y Rota —infraestructura esencial para las operaciones de la OTAN y Estados Unidos en el Mediterráneo— y ha rechazado todos los planes de vuelo relacionados con la Operación Furia Épica.

El Presidente del Gobierno calificó explícitamente la intervención de guerra ilegal, una postura coherente con la que ya había expresado en las últimas semanas, especialmente en el Parlamento. Madrid extendió su veto a los vuelos indirectamente implicados, incluidos los que proceden de bases en otros países europeos, lo que complica aún más la red operativa occidental.