La novedad no radica en que los gasoductos Nord Stream fueran saboteados. Esto se sabía desde el 26 de septiembre de 2022, cuando las explosiones en el mar Báltico inutilizaron una de las principales arterias energéticas entre Rusia y Alemania.

La novedad reside en que la fiscalía federal alemana ahora atribuye el plan a militares ucranianos que supuestamente actuaron bajo órdenes de las autoridades estatales en Kiev.

El principal acusado, Serhii K., un exoficial ucraniano, es sospechoso de haber liderado un equipo compuesto por buzos, un comandante de barco y un experto en explosivos, que partió de Alemania a bordo de un velero fletado con documentación falsa y se dirigió hacia la zona cercana a la isla danesa de Bornholm. Los cargos incluyen destrucción de infraestructura civil, interrupción de servicios públicos y complicidad en crímenes de guerra.

Este es un punto de inflexión significativo, ya que traslada el caso del ámbito del misterio al de la responsabilidad política. Hasta ahora, el sabotaje se había presentado como un enigma, útil para todos porque dejaba varias vías abiertas y no obligaba a nadie a sacar conclusiones. Hoy, por el contrario, Berlín debe afrontar una hipótesis devastadora: un Estado apoyado militar, financiera y diplomáticamente por Alemania habría atacado infraestructuras esenciales para la seguridad energética alemana.

La cuestión central no es simplemente quién colocó las cargas explosivas en el fondo del mar Báltico. La cuestión central es quién pagó el precio estratégico de la operación. Rusia perdió una palanca energética y una fuente de ingresos.

Pero Alemania perdió mucho más: perdió la capacidad de mantener, aunque solo fuera en teoría, una ruta de suministro energético independiente. Antes de la guerra, Nord Stream 1 cubría una parte decisiva de las necesidades de gas natural de Alemania; Nord Stream 2, aunque nunca llegó a entrar en funcionamiento, representaba una baza geopolítica en manos de Berlín.

Con la explosión de los gasoductos, esa baza se quemó. No por una votación parlamentaria, ni por una decisión industrial, ni por una elección soberana alemana, sino por un acto clandestino. Este es el quid de la cuestión: Europa se vio obligada a reorganizar su sistema energético no según su propia estrategia, sino en medio de una crisis impuesta por la guerra y exacerbada por el sabotaje.

Esto ha dado lugar a mayores costes, una pérdida de competitividad industrial, una creciente dependencia del gas natural licuado, una mayor exposición a los suministros estadounidenses y de Oriente Medio, un debilitamiento de la industria alemana y, en consecuencia, de toda la economía europea.

Nord Stream se ha convertido así en el símbolo de la guerra contra las infraestructuras críticas. No se trata de un incidente aislado, sino de un patrón recurrente. Atacar un gasoducto implica atacar la capacidad industrial de un país, el gasto doméstico, la estabilidad gubernamental y la cohesión de la alianza. Es una forma de guerra indirecta: no invade territorio, pero altera su libertad de acción.

Por eso la acusación alemana es tan grave. Si se confirma en los tribunales, demostrará que, en el conflicto ucraniano, la línea divisoria entre la guerra militar, el sabotaje estratégico y la guerra económica se ha desdibujado. También demostrará que los aliados no siempre comparten los mismos intereses.