Cambian los gobiernos, en Haití y en Estados Unidos, pero el proceso de colapso del estado no se detiene.

Cada gobierno naciente haitiano promete que combatirá, hasta la raíz, al crimen organizado, que reducirá drásticamente la pobreza y que hará que el país crezca en su desempeño internacional.

Por otro lado, cada administración de Washington y cada candidato demócrata y republicano, aspirante al Congreso, promete que mejorará la condición de la diáspora haitiana y que facilitará una mejoría en las relaciones entre Haití y los Estados Unidos, pero lo cierto es que nadie cumple con los compromisos.

El crimen organizado, tanto el que componente el espectro de la oligarquía, como el de las popularmente llamadas pandillas, asuelan el país y unos y otros recogen partes del botín, aunque parece -nos informan- el tesoro oligárquico estaría disminuyendo y quienes no puedan renegociar los términos con otros factores, como, por ejemplo, los Estados Unidos, pasarían momentos problemáticos y podría plantearse un enfrentamiento entre los sectores que la integran porque el pastel ya no estaría disponible para todos ellos…

El politólogo, Jacques Nesi, señala que las facciones de la oligarquía son entitativamente opuestas al interés nacional del pueblo, que fomentan leyes que socavan, precisamente, el bienestar popular y que se preocupan siempre por mantener conforme a potencias extranjeras como la estadounidense.

Refiriéndose a la influencia de los EE.UU. en los asuntos haitianos, Nesi documenta y expone que este hegemon lleva más de un siglo participando -para sus propios beneficios- en la vida estatal de Haití y que la designación, por distintas vías, de los mandatarios del país es una de los mecanismos que los estadounidenses tienen para que esta nación no salga de su control geopolítico, neutralizando tentativas de proyectos políticos soberanistas.

Respecto de las pandillas, los informes aseveran que estas operarían, aunque sin una centralización funcional ni una coordinación hegemónica, en más de 250 bandas, con epicentro en la zona de Puerto Príncipe.

La capital del país está controlada, en un grado superior al 70%, por las pandillas sin que sirvieran de algo los recursos internacionales que, supuestamente, entraron en Haití para aportara la seguridad y la convivencia pacífica de la nación.

Las bandas se apoderaron como su gran bastión del área montañosa de Kenscoff y el estado brilla allí brilla por su ausencia.

Asimismo, el gobierno interino del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, que está vigente desde el 7 de febrero de 2026, y que tiene la luz verde de Washington, no hizo nada fundamental para aliviar la situación económica (el salario mínimo continúa en el estancamiento de cuatro años) ni para domar a las pandillas, porque estas han ganado más territorio en los últimos meses.

Después de que Estados Unidos haya anunciado que ha sido revocado el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití y que, por consiguiente, alrededor 350 mil haitianos deberán abandonar los Estados Unidos, muchos líderes pandilleros, policiales y de empresas de seguridad privada hacen sus propios planes para captar o absorber porcentajes del dinero que los haitianos expulsados de los Estados Unidos llevarán consigo a su país natal.

Como se ve, la gobernanza criminal prima en Haití.