El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el miércoles por la noche una orden ejecutiva que prohíbe los viajes desde ciertos países, citando preocupaciones de seguridad nacional.

De acuerdo con un comunicado oficial de la Casa Blanca, ahora se veta completamente la entrada de ciudadanos de 12 naciones: Afganistán, Chad, la República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Myanmar, Somalia, Sudán y Yemen.

Según la Casa Blanca, estos países presentan fallos en los procesos de verificación y selección, lo que representa un riesgo significativo para la seguridad de Estados Unidos. Además, la declaración impone restricciones parciales a los ciudadanos de siete países: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

La Casa Blanca señaló que las restricciones son esenciales para garantizar la colaboración de gobiernos extranjeros, hacer cumplir las leyes migratorias de Estados Unidos y avanzar en los objetivos de política exterior, seguridad nacional y lucha contra el terrorismo.

La prohibición exime a los residentes permanentes legales, los poseedores de visados vigentes, ciertas categorías de visados y a aquellos cuya entrada sea considerada de interés nacional para Estados Unidos.

Durante su primera presidencia, Trump implementó una prohibición de viajes dirigida a ciudadanos de siete países, una medida que, tras varias revisiones, fue respaldada por el Tribunal Supremo en 2018. En 2021, el expresidente Joe Biden derogó dicha política.

Por otro lado, una jueza federal desestima la demanda de California contra los aranceles de Trump por cuestiones jurisdiccionales.

El lunes por la noche, la jueza federal Jacqueline Scott Corley, con sede en San Francisco, desestimó la demanda presentada por California contra los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, argumentando razones jurisdiccionales. Sin embargo, permitió al estado apelar directamente ante un tribunal que podría ser más favorable a sus argumentos.

La jueza determinó que el caso debía ser manejado por el Tribunal de Comercio Internacional (CIT) de Nueva York, especializado en disputas comerciales. A solicitud de California, Corley optó por desestimar el caso en lugar de transferirlo, permitiendo así que el estado recurra directamente al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, como era su preferencia.

El fiscal general de California, Rob Bonta, calificó la decisión como un paso clave para proteger la economía estatal, que enfrenta pérdidas estimadas en 25.000 millones de dólares para los consumidores y la posible eliminación de 64.000 empleos debido a los aranceles.

Bonta afirmó que el caso debería ser juzgado en un tribunal federal de distrito, argumentando que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no otorga autoridad a Trump para imponer estos aranceles, los cuales calificó como perjudiciales.

La desestimación refleja la estrategia de California para evitar el CIT, donde los aranceles de Trump han recibido fallos contradictorios. La semana pasada, el CIT bloqueó los aranceles en un caso presentado por 12 estados liderados por Oregón, determinando que Trump excedió su autoridad bajo la IEEPA. Ese fallo está en suspenso mientras se resuelve la apelación.

La decisión de Corley no evaluó la legalidad de los aranceles, sino que se centró en cuestiones de jurisdicción. Este caso surge de leyes que regulan aranceles, y este tribunal no tiene competencia, escribió. Expertos legales indicaron que el Noveno Circuito, conocido por su inclinación liberal, podría devolver el caso a un tribunal de distrito si apoya los argumentos constitucionales de California.

Los aranceles del Día de la Liberación de Trump, anunciados en abril, establecieron una tarifa base del 10 % sobre las importaciones de la mayoría de los socios comerciales, con tasas de hasta el 145 % para China. Estas políticas han generado inestabilidad en los mercados, y las empresas han criticado su implementación errática.

El puerto de Los Ángeles reportó una caída del 30 % en los envíos de mayo, mientras que los agricultores del Valle Central de California enfrentaron aranceles retaliatorios sobre exportaciones agrícolas valoradas en 23.000 millones de dólares.

Las disputas legales ahora abarcan tres tribunales de apelación, y se espera que el Tribunal Supremo resuelva las decisiones contradictorias. Los expertos legales señalaron que estos casos evalúan la autoridad constitucional del Congreso sobre el comercio, que ha sido delegada progresivamente al presidente desde la década de 1930.

Se espera que California presente su apelación ante el Noveno Circuito en los próximos días, iniciando un debate sobre la separación de poderes.