Cuando el jefe de los servicios de inteligencia chinos se pronuncia públicamente, cada palabra debe ser cuidadosamente elegida. Chen Yixin, Ministro de Seguridad del Estado, advirtió que el rápido desarrollo de la inteligencia artificial podría amenazar la seguridad política, institucional e ideológica de China. Pekín afirma que esta tecnología, además de ser una herramienta económica y militar, podría convertirse en un arma contra la estabilidad del Partido Comunista Chino.

La declaración de Chen Yixin describe seis categorías de riesgos. La primera se refiere a la supervivencia del sistema político. Según él, las fuerzas hostiles podrían utilizar grabaciones audiovisuales falsas, textos e imágenes artificiales, así como ejércitos automatizados de provocadores para fabricar rumores políticos y sembrar la división. Esto constituiría una guerra cognitiva capaz de atacar no solo edificios, sino también la confianza pública en las instituciones. Esta es la primera declaración pública estructurada del Ministerio de Seguridad del Estado chino sobre los peligros de la inteligencia artificial.

El punto decisivo no es tecnológico, sino político. Para Pekín, la seguridad nacional es, ante todo, sinónimo de seguridad del poder, del sistema político y de la ideología. La desinformación se convierte así en una amenaza estratégica cuando existe la posibilidad de que socave la autoridad del Partido. La inteligencia artificial generativa hace que este tipo de operaciones sean menos costosas y más difíciles de atribuir: puede imitar la voz de un líder, falsificar documentos y crear miles de identidades digitales.

Surge entonces una paradoja. Un sistema diseñado para vigilar a la sociedad depende de su capacidad para distinguir la verdad de la mentira, la disidencia genuina de la injerencia extranjera y el error del sabotaje. Si esta distinción se vuelve incierta, el control genera mayor inseguridad y exige un control cada vez mayor.

Chen Yixin destaca a continuación los riesgos para la infraestructura crítica. La inteligencia artificial puede identificar vulnerabilidades, conectar diferentes vectores de ataque y reducir los costos y las habilidades necesarias para atacar los sectores de energía, transporte, finanzas, telecomunicaciones y defensa. La ley de ciberseguridad de China somete a estos sectores a una mayor protección y exige el almacenamiento de datos dentro del territorio nacional, así como la verificación de los proveedores. (Centro Chino para la Evaluación de la Seguridad de la Información).

La tercera preocupación se relaciona con el espionaje. Los servicios de inteligencia extranjeros podrían utilizar la recopilación, el análisis y la elaboración de perfiles de datos automatizados para obtener información confidencial, secretos comerciales y datos personales. El uso de sistemas extranjeros por parte de empresas o funcionarios chinos también podría conducir a la transferencia de información fuera del país. Para Pekín, los datos no son, por lo tanto, solo un recurso económico, sino una materia prima estratégica.

En este punto, la seguridad se entrelaza con la geoeconomía. Chen denuncia el riesgo de que los países tecnológicamente más avanzados utilicen controles de exportación, listas de exclusión y sistemas cerrados para monopolizar la inteligencia artificial.

No se menciona el país en cuestión, pero es difícil no reconocer a Estados Unidos, que restringe la venta de los microprocesadores más avanzados a China. Washington presenta estas restricciones como una medida de seguridad nacional; Pekín las describe como una expresión de hegemonía tecnológica.

Por consiguiente, China invertirá aún más en microprocesadores, centros de computación, modelos de lenguaje y reservas de datos nacionales. Pero la autosuficiencia tiene un costo: reduce la cooperación científica y obliga a las empresas extranjeras a elegir dónde almacenar sus datos y realizar sus investigaciones.

La inteligencia artificial corre el riesgo de seguir la trayectoria de las telecomunicaciones: dejar de ser una red global para convertirse en bloques tecnológicos sometidos al control estatal.