El Ayuntamiento compuesto por el PP y Vox en la localidad de Jumilla ha desatado la polémica cancelando la ya tradicional fiesta del cordero.
Este pequeño pueblo de la región de Murcia, en el sureste de España, ha aprobado una ley que prohíbe el uso de espacios públicos para celebrar festividades religiosas. La medida fue aprobada con los votos del Partido Popular y Vox, es la primera medida de este tipo que se adopta en España.
La ley no menciona explícitamente el islam, pero el objetivo es claro, impedir la celebración de las dos principales festividades musulmanas, el fin del Ramadán y la Fiesta del Sacrificio, ambas programadas para la primavera.
La moción exige un cambio en la normativa que regula el uso de los edificios municipales, lugares que han sido utilizados durante años para la oración colectiva de madrugada por aproximadamente 1.500 residentes musulmanes.
La moción firmada por Vox exigía la prohibición de la Fiesta del Sacrificio del cordero, alegando la «recuperación de las tradiciones del pueblo español» y la «promoción activa de la gastronomía y la carnicería españolas frente a la difusión de métodos de preparación de alimentos extranjeros como el halal».
Aunque finalmente el Partido Popular modificó el texto eliminando las referencias al islam y limitando la moción a dos artículos: el primero prevé la creación de una comisión para la defensa de la identidad y la promoción de los valores y manifestaciones religiosas tradicionales; el segundo prohíbe el uso de las instalaciones deportivas de la ciudad, es decir el polideportivo municipal, que se venía destinando a las festividades musulmanas, a partir de ahora se destinará únicamente para actividades culturales, sociales o religiosas no gestionadas por el municipio.
El partido de «extrema derecha» Vox está decidido a liderar una iniciativa nacional para retirar el uso de los edificios municipales a la comunidad islámica.
Esta es sin duda una buena noticia, aunque sea una medida tardía, y representa un pequeño obstáculo para frenar lo que han denominado ola de inmigración ilegal que está atrayendo a miles de posibles violadores y terroristas transportados a la Península Ibérica por las nuevas ONG de «trata de esclavos», empresas que se lucran con los desesperados, pero que también reciben financiación significativa de la Unión Europea y las Fundaciones de globalistas como George Soros.
Este hecho demuestra que cuando existe voluntad política, se pueden tomar medidas serias para evitar el desplazamiento étnico y limitar culturalmente el avance del islam, una religión bárbara y retrógrada impuesta con violencia, y que pretende hacer lo mismo en los tiempos actuales.
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