Estimados lectores en la gran traducción del día les traemos al español un articulo de un corresponsal de The Cradles, cuyo foco está en Asia Occidental:

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha proporcionado a las monarquías del Golfo una nueva excusa para intensificar la represión, criminalizar la disidencia y reforzar su control sobre cualquier versión de la realidad que se salga de la línea oficial del Estado.

Desde el 28 de febrero, Estados Unidos e Israel han estado librando una guerra contra Irán, con consecuencias que van mucho más allá del campo de batalla. A lo largo del Golfo Pérsico, los gobiernos han aprovechado el conflicto para ampliar la represión en sus propios países.

Con el pretexto de combatir la «desinformación» y los «rumores» en las redes sociales, los Estados del Golfo han lanzado campañas de detenciones masivas contra cientos de ciudadanos y residentes, dejando claro que cualquier expresión ajena a la narrativa oficial puede ser ahora tratada como una «amenaza para la seguridad» o incluso como la «voz del enemigo».

Las peticiones de no fotografiar ni publicar imágenes no llegaron como un simple consejo. Los ministerios del Interior de todo el Golfo las emitieron como advertencias oficiales. A primera vista, los argumentos parecían plausibles: evitar el pánico, proteger la seguridad nacional, privar al enemigo de información útil. En cuestión de días, sin embargo, estas directivas se convirtieron en la base de una campaña de represión mucho más amplia, que pasó rápidamente de las advertencias a los procesos judiciales.

Los Estados del Golfo han impuesto un bloqueo casi total del flujo de información, alegando que los contenidos independientes podrían propagar el miedo, ayudar militarmente al enemigo o constituir traición. En la práctica, la guerra contra Irán se ha convertido en una excusa perfecta para criminalizar la libertad de expresión.

Bahrein: De las medidas de emergencia a las detenciones masivas

Manama justificó el endurecimiento de sus medidas de seguridad mediante una serie de comunicados oficiales. El Consejo de Defensa Civil del Ministerio del Interior anunció la prohibición de las reuniones «con el fin de mantener el cumplimiento de las responsabilidades de seguridad pública a la luz de la flagrante agresión iraní contra Bahrein». Lo que parecía una respuesta a la escalada regional se convirtió rápidamente en una tapadera para una represión mucho más amplia.

Las autoridades detuvieron a más de 260 ciudadanos acusados, entre otros cargos, de «uso indebido de plataformas» y «simpatía por la agresión iraní». Según fuentes de derechos humanos, tres de los detenidos eran mujeres. Las autoridades también publicaron fotografías de los detenidos en un intento de humillarlos públicamente.

Según Human Rights Watch (HRW), las detenciones fueron mucho más allá de cualquier marco legal. El 4 de marzo, decenas de hombres irrumpieron en la casa de Munir Mirza Ahmed Mushaima. Algunos vestían uniformes negros y cascos blancos, mientras que otros iban vestidos de civil. Lo detuvieron sin presentar una orden judicial, acusándolo de gestionar una cuenta en redes sociales que contenía «contenido ilegal».

La represión no se ha limitado a los ciudadanos bahreiníes. También se ha detenido a residentes de diversas nacionalidades por grabar, publicar o compartir vídeos relacionados con ataques contra el país. La Fiscalía de Baréin ha llegado incluso a solicitar a los tribunales que impongan la pena de muerte a personas acusadas de «espiar para el enemigo».

La campaña también se ha cobrado vidas. Según se informa, Mohammad Mohsen Mousavi, detenido a mediados de marzo, presentaba signos de tortura en su cuerpo durante los preparativos del funeral. El Ministerio del Interior respondió defendiendo su detención y acusándolo de tener vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí se movilizan para monopolizar la narrativa

Abu Dabi ha seguido de cerca los pasos de Bahréin. Desde el estallido de la guerra contra Irán, las restricciones a la libertad de movimiento de ciudadanos y residentes, así como a lo que pueden publicar en línea, han aumentado drásticamente.

La Fiscalía advirtió a los usuarios de X que no difundieran imágenes o vídeos de los lugares de los atentados. Estas medidas se produjeron tras meses de una censura digital más estricta vinculada a las tensiones con Arabia Saudí por Yemen.

Según se informa, solo las autoridades de Abu Dabi han detenido a más de 100 personas, incluidos extranjeros, acusadas de grabar, publicar vídeos o difundir «información inexacta».

La Agencia de Seguridad del Estado también anunció que había desmantelado una red presuntamente «financiada y gestionada» por Hezbolá e Irán. Las autoridades afirmaron que la red planeaba desestabilizar el sistema financiero del país.

Los creadores de contenido también se han visto sometidos a presión. Las autoridades exigen ahora autorización previa antes de que los influencers o las figuras públicas puedan publicar, incluso cuando se trate de temas cotidianos como el hacinamiento en los hoteles o los efectos de la guerra en la vida diaria.

Según fuentes de los EAU, los fiscales distribuyeron listas de cuentas acusadas de publicar «contenido ilegal ofensivo para el Estado y sus dirigentes». Se bloquearon decenas de cuentas en X, incluida «Elon Trades», después de que publicara un vídeo que mostraba un incendio en el Hotel Fairmont de Dubái y que obtuvo más de un millón de visualizaciones.

Fuera de los EAU, varias cuentas destacadas informaron de que habían recibido notificaciones de X en las que se les informaba de que sus perfiles habían sido bloqueados dentro del Estado del Golfo tras solicitudes vinculadas a las autoridades emiratíes.

Entre ellos se encontraban el abogado yemení Mohammad al-Maswari, quien insistió en que sus publicaciones se «basaban en el rechazo a la división de Yemen, Sudán, Somalia y Libia, y a cualquier apoyo a las milicias terroristas»; el presentador egipcio Osama Gaweesh; el editor de asuntos yemeníes de Al Jazeera, Ahmed al-Shalafi, quien recibió un mensaje de la Fiscalía de los Emiratos Árabes Unidos «con cargos por insultar a las instituciones estatales, incitar al odio y a la sedición, y otros cargos»; y el académico afincado en Doha Marc Owen Jones, cuyo trabajo se centra en la represión digital y el autoritarismo en el Golfo. Sus casos sugieren que la represión ya no se limita a quienes se encuentran dentro del país, sino que cada vez más se dirige también contra los críticos en el extranjero.

Arabia Saudí ha tomado un camino similar. A principios de marzo, las agencias estatales lanzaron una campaña mediática bajo el hashtag «#التصويريخدمالعدو» —«grabar sirve al enemigo»— para presentar cualquier intento de documentar los ataques como una amenaza para la seguridad nacional.

Riad diseñó una campaña destinada a presentar las cámaras y los teléfonos móviles como armas en manos del enemigo. El Gobierno también distribuyó memorandos que prohibían lo que denominaba «contenido infractor», «vídeos anónimos» y «rumores», al tiempo que instaba al público a confiar exclusivamente en las fuentes oficiales.

El resultado fue un entorno mediático estrictamente controlado en el que el Estado monopolizó la narrativa y criminalizó cualquier intento de cuestionarla.

Las autoridades saudíes no han anunciado públicamente detenciones relacionadas con la guerra, pero fuentes saudíes informan a The Cradle de que varios ciudadanos y residentes han sido detenidos. Según se informa, entre los detenidos se encuentra el jeque Hassan Al-Mutawa, predicador de la mezquita de Al-Khader en Al-Rabiiya, en la isla de Tarut, en la provincia de Qatif.

Kuwait y Qatar amplían la redada

A medida que la guerra se intensificaba, Kuwait promulgó la Ley n.º 47 sobre «Lucha contra el terrorismo» el 15 de marzo de 2026. El texto de la ley incluye un lenguaje amplio y vago que puede utilizarse fácilmente para restringir las libertades.

El artículo 1 define un «acto terrorista» como cualquier acto destinado a sembrar el miedo entre la población o a poner en peligro la seguridad pública. Esta redacción deja la ley abierta a una amplia interpretación y permite a las autoridades tratar casi cualquier forma de disidencia como un delito contra la seguridad.

Las autoridades kuwaitíes anunciaron posteriormente la detención de decenas de presuntos miembros de Hezbolá, entre ellos ciudadanos kuwaitíes y libaneses, acusándolos de planear atentados y amenazar la soberanía del país. Al mismo tiempo, el Ministerio del Interior advirtió contra la publicación de cualquier foto o información relacionada con los ataques, alegando que podrían desestabilizar la opinión pública.

Las autoridades también detuvieron a varios kuwaitíes y extranjeros, entre ellos el creador de contenidos Badr al-Husseinan. Se le acusó de difundir noticias falsas, perjudicar los intereses nacionales y hacer un uso indebido de un teléfono tras publicar un vídeo satírico sobre las penurias que sufría la población durante la guerra.

El 14 de abril, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) pidió la liberación del periodista estadounidense-kuwaití Ahmed Shihab-Eldin, que llevaba más de seis semanas detenido por publicaciones en redes sociales relacionadas con la guerra.

Las autoridades lo acusaron de difundir información falsa, atentar contra la seguridad nacional y hacer un uso indebido de un teléfono móvil tras compartir imágenes de un accidente de un avión de combate estadounidense cerca de una base militar en Kuwait. El CPJ señaló que el material ya era público y estaba verificado, y describió su detención como parte de una campaña más amplia para silenciar el escrutinio y reforzar el control sobre la narrativa.

Qatar ha adoptado muchas de las mismas medidas. Desde el inicio de la guerra, el Ministerio del Interior ha prohibido la publicación de fotos y vídeos relacionados con los ataques dentro del país, calificándolos de amenazas para la seguridad nacional.

El Departamento de Lucha contra los Delitos Cibernéticos Económicos anunció la detención de más de 300 personas de diferentes nacionalidades por la difusión de lo que describió como vídeos e información «engañosos».

Uno de los detenidos fue el profesor egipcio Mohamed Tawhid, que vivía en Doha. Tawhid comentó la noticia de última hora difundida por Al Jazeera en marzo sobre un ataque con drones contra la base aérea de Al-Udeid. Citando al Ministerio de Defensa de Qatar, el informe indicaba que el ataque había sido interceptado.

Tawhid respondió: «Sois unos idiotas que protegéis a quienes no os protegen». Borró el comentario poco después de publicarlo, pero fue detenido poco después.

También circularon rumores de que la investigadora jordana Fatima al-Samadi había sido detenida. Una fuente desmintió posteriormente las informaciones, pero confirmó que había sido objeto de presiones y que había desactivado temporalmente sus cuentas antes de volver a conectarse.

El software espía israelí y el estado de seguridad del Golfo

En el momento de redactar este artículo, todavía no hay pruebas concluyentes que vinculen software espía como Pegasus, desarrollado por el grupo israelí NSO, o Graphite, desarrollado por Paragon Solutions, con las últimas campañas de detenciones en todo el Golfo.

Aun así, no se puede descartar esa posibilidad. Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Baréin han sido vinculados anteriormente al uso de Pegasus contra disidentes bajo la bandera de la «seguridad nacional».

En febrero, un empleado de Paragon Solutions publicó brevemente una imagen en LinkedIn que parecía mostrar detalles de la interfaz del software espía Graphite. Antes de que fuera eliminada, la imagen revelaba, según se informa, registros de funcionamiento, datos de mensajería cifrada y otros detalles técnicos.

Hasta ahora no hay constancia documentada del uso de Graphite en el Golfo. Sin embargo, el historial de los Estados del Golfo en la compra de software espía israelí y su uso contra disidentes significa que la posibilidad sigue siendo muy real. Según se informa, Graphite puede explotar vulnerabilidades de seguridad sin necesidad de que el objetivo haga clic en un enlace malicioso o interactúe con el dispositivo de ninguna manera. La ausencia de confirmación oficial no significa que no se estén utilizando tales herramientas.

Los Estados del Golfo han pasado de alegar que defienden la seguridad nacional a construir sistemas de represión permanente. Han aprovechado la guerra contra Irán para ampliar los procesos judiciales bajo etiquetas como «lucha contra la desinformación», «prevención de rumores», «traición» y «simpatía con el enemigo».

Lo que está tomando forma no es una respuesta temporal en tiempos de guerra, sino una transformación más profunda del significado mismo de la seguridad. En todo el Golfo, los gobiernos están imponiendo la narrativa oficial por la fuerza y tratando cualquier versión alternativa de los hechos como un delito punible.

La maquinaria de represión continúa tanto en tiempos de guerra como de paz.