El asesinato de Charlie Kirk, quien recibió un disparo en el cuello en la Universidad de Utah, vincula las condiciones de la lucha política en Estados Unidos con el futuro de la democracia como régimen político universal. EEUU es la democracia moderna política más antigua de todas. Y ciertamente, esta no es la primera vez que se ve sacudida por un derramamiento de sangre.
Sin embargo, nunca como hoy, un hecho semejante genera temores en el que el marco institucional sea lo suficientemente sólido como para contener y superar con éxito este episodio. Surgen dudas de que las derivas sociales, culturales e identitarias, desatadas desde hace tiempo, hayan llegado a sus extremos.
En tan solo unos años, se han producido los duros golpes al esposo de la expresidenta Pelosi, el asesinato del director ejecutivo de United Healthcare, el incendio de la casa del gobernador de Pensilvania, el asesinato de una congresista demócrata de Minnesota y su esposo, y el fallido atentado contra Donald Trump. Hasta la muerte de Charlie Kirk.
Ante este reguero de sangre, es imposible no preguntarse si también depende de la abdicación de las instituciones y su incapacidad para gestionar el conflicto. Pero la respuesta es no. En EEUU, en este momento, son los jueces quienes representan la verdadera oposición a Trump.
Los tribunales ejercen un control riguroso sobre ciertas iniciativas ejecutivas, desde los derechos migratorios hasta el uso de la Guardia Nacional. Sus decisiones en más de un caso han ralentizado la acción del Gobierno.
Cuando Trump invoca el estado de emergencia, el sistema judicial refuerza su control hasta el punto de negar la existencia de una excepción. Así, las comunidades y los estados pueden hacer valer su autonomía frente a las decisiones del presidente.
Pero la historia y la jurisprudencia nos recuerdan que, en circunstancias excepcionales, la ley federal ha autorizado el uso de la fuerza bajo la tutela federal. Eisenhower envió tropas a Little Rock para implementar la desegregación. Bush padre las desplegó en Los Ángeles en 1992 para salvar una ciudad en llamas.
Este proceso de radicalización social ha comenzado en EEUU, pero todo Occidente puede ir detrás.
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