Las izquierdas latinoamericanas recurrentemente hablaron de que las oligarquías tradicionales, subordinadas a sus matrices de Estados Unidos, promovieron y activaron el lawfare como herramienta predilecta por su alto porcentaje de eficacia para romper y desviar los procesos políticos del progresismo.

El “gatillo judicial” era denunciado ruidosa e ininterrumpidamente por las tribunas partidarias y los aforos intelectuales de tales izquierdas, señalando que el procesamiento judicial y el encarcelamiento de líderes políticos afectaban exclusivamente a los  dirigentes comunistas y progresistas.

Sin embargo, en lo que va de esta década se ve que también los políticos de la derecha anticomunista son investigados por los juzgados y hasta condenados a prisión, tales son los casos de Jeanine Añez y Álvaro Uribe y la factible condena de cárcel que recibirá Jair Bolsonaro.

Estos acontecimientos impulsaron a los derechistas regionales (y sus socios extra-zonales) a elaborar una construcción de discurso a la inversa: ahora, los objetivos del lawfare son los jefes anti-izquierdistas propiciado por los comunistas.

Entonces, viendo cómo se desenvuelven los hechos en su totalidad no podemos dejar de mencionar que el “gatillo judicial” no es un monopolio de una ideología en particular y que muchas veces son los mismos políticos condenados quienes cometieron, por su propia cuenta, ciertos delitos.

Se tiene como cierto que el sistema de la democracia estadounidense no es limpio ni decente y, del mismo modo, los regímenes o gobiernos  liberales e izquierdistas latinoamericanos tienen mucha falencia en lo moral, lo ético, lo transparente y lo recto.

Así como Estados Unidos puede tener “la mejor democracia que el dinero puede comprar”, muchos países latinoamericanos pueden presentan “la mejor democracia que la colonia puede tener”. La democracia estadounidense puede ser tan corrupta y corruptora como la democracia latinoamericana (sea de derecha o izquierda) lo puede llegar a ser.

Tanto en el norte como en el sur, las minorías cleptócratas y adoradoras del Becerro de Oro quieren dirigir los estados para sus privilegios y beneficios y apropiarse de ellos como un bien material y clánico, sin la intención de abandonarlos.

La “guerra jurídica” puede deliberadamente hacerse para sacar del juego político a un actor inocente, pero también puede llevarse a cabo -y de hecho así sucede en algunos sonados casos- contra actores que son culpables de los delitos o, al menos, de una parte de los delitos que les encontraron.