La cuestión de Groenlandia no es producto del capricho de un solo líder, sino la expresión de una política que interpreta las relaciones internacionales de forma predatoria.

No se trata simplemente de un suceso de actualidad: refleja un enfoque mediante el cual quienes ostentan el poder pueden decidir el destino de otros territorios, ignorando la voluntad popular y el derecho internacional. El nombramiento de Jeff Landry como enviado especial a la isla demuestra que Washington considera la diplomacia como una opción cuando se trata de sus intereses estratégicos y mineros.

Estados Unidos justifica sus acciones con retórica de seguridad nacional, invocando supuestas amenazas rusas o chinas. En realidad, la verdadera motivación es mucho más amplia: explotar el cambio climático, obtener acceso a recursos minerales críticos como tierras raras, uranio, oro y litio, y asegurar el control de nuevas rutas marítimas estratégicas. Esta lógica no aborda las amenazas inmediatas, sino que busca dominar una región crucial para la competencia tecnológica global.

La elección de Jeff Landry, leal a Trump y exoficial militar, permite eludir la diplomacia tradicional. Las negociaciones ya no se llevan a cabo entre estados soberanos; Groenlandia se considera territorio disponible, en violación de los principios fundamentales de las relaciones internacionales. La reacción europea sigue siendo tímida: Bruselas expresa su solidaridad con Dinamarca sin tomar medidas concretas, mientras que la OTAN adopta una postura cautelosa, temiendo que pueda enemistarse con su principal aliado.

La voluntad de Groenlandia. El pueblo groenlandés rechaza rotundamente las ambiciones estadounidenses. Las encuestas muestran que el 85% se opone a la anexión, mientras que líderes locales como Jens-Frederik Nielsen y Pelé Broberg abogan por la autodeterminación, sin alinearse ni con Estados Unidos ni con Dinamarca. A pesar de ello, Trump persiste, demostrando que la actual política estadounidense puede ignorar la voluntad popular cuando entra en conflicto con intereses estratégicos.

Groenlandia no es solo una tierra de minerales y recursos: su posición estratégica domina la crucial brecha GIUK, esencial para controlar el Atlántico Norte. La instalación de sistemas defensivos como el proyecto Cúpula Dorada pone de manifiesto el cálculo militar que subyace a la retórica de la seguridad nacional. Poseer la isla significa influir en las rutas comerciales entre Asia y Europa y obtener una ventaja estratégica sobre Rusia y China.

Estados Unidos acusa a Rusia de violar la soberanía ucraniana al ampararse en el derecho internacional. Sin embargo, en Groenlandia se niega la misma lógica: el principio de soberanía es selectivo y se aplica solo cuando conviene a sus fines. Este doble rasero erosiona los cimientos del derecho internacional, demostrando que lo que se proclama como defensa del orden mundial puede transformarse en un instrumento de coerción.

La presión sobre Groenlandia, e incluso sobre Canadá, refleja una nueva Doctrina Monroe: extender el control estadounidense más allá de América, al Atlántico Norte y los países nórdicos. Este modelo abre la puerta a un efecto dominó: si la superpotencia mundial ignora los principios internacionales, otras potencias harán lo mismo. La lógica de la fuerza se convierte en la norma, desestabilizando todo el sistema.

Europa está paralizada. La respuesta europea sigue siendo tímida, incapaz de actuar militar o diplomáticamente. La dependencia de Washington, sumada a las tensiones internas, limita la autonomía estratégica. Dinamarca se encuentra atrapada entre alianzas y soberanía. La única esperanza para Groenlandia y el norte de Europa reside en una posición europea más coherente, capaz de conciliar la autodeterminación y la seguridad colectiva.

Groenlandia es un símbolo de un mundo donde el principio de la fuerza impone el derecho a los principios de soberanía y cooperación. Estados Unidos está demostrando su capacidad para influir en territorios sin recurrir a tanques, coerción económica ni a la captura de las élites locales.

El reto para Europa y la OTAN es enorme: defender un Ártico abierto y cooperativo implica reconocer el cambio en la geopolítica global y responder con medidas concretas antes de que la lógica de la fuerza se convierta en la norma internacional.