Estimados lectores, en la gran traducción del día les traemos un artículo del economista iraní Amir Hossein Mohaddes en The Cradle que pone el foco en Irán:

El bloqueo de Washington está mermando los ingresos de Irán, pero Teherán sigue decidiendo cómo se reparte la carga. Las subidas del precio del combustible, los controles de precios ineficaces y la escasez de divisas para las importaciones de lujo corren el riesgo de trasladar los costes a los hogares de a pie, en lugar de a quienes se encuentran en los escalones más altos de la escala económica.

En septiembre de 2024, un pan plano lavash costaba 500 tomans en las panaderías de Teherán. Una barra de pan barbari se vendía a 1.800 tomans y el sangak, a 3.000. En julio de 2026, esos precios habían subido a 4.000, 7.500 y 8.800 tomans, respectivamente. En el caso del lavash, el aumento se acercó al 700 por ciento en menos de dos años, a pesar de que el pan sigue siendo uno de los alimentos básicos más subvencionados de Irán.

Los precios del pan solo reflejan una parte de la realidad. Un antiguo miembro del Comité de Salarios del Consejo Supremo del Trabajo situó recientemente el coste de vida mensual de una familia trabajadora por encima de los 90 millones de tomanes. El salario mensual legal establecido para un trabajador con familia es de unos 16,6 millones de tomanes.

Un representante sindical del comité señaló que, para aproximadamente el 60 % de los trabajadores iraníes, los salarios actuales solo cubren ocho días de gastos domésticos. Las deudas, los ahorros, los segundos empleos y la venta de bienes deben hacer frente a las tres semanas restantes.

El coste de la guerra se mide, ante todo, en la cola de la panadería. El pan, el alquiler, el transporte y los medicamentos se están comiendo cada vez más de un salario que se derrumba. El bloqueo de Washington ha infligido un daño inmenso, pero Teherán sigue decidiendo cómo se distribuye esa carga a nivel nacional —y por qué quienes menos pueden soportarla son los que asumen la mayor parte.

El bloqueo se hace notar en el presupuesto familiar

El origen extranjero de gran parte de esta presión es indiscutible. Meses de guerra, sanciones cada vez más estrictas, la interrupción del comercio y el bloqueo marítimo de EE. UU. han reducido drásticamente el acceso de Irán a divisas fuertes. Los costes de transporte marítimo se han disparado, los canales de pago se han reducido y las empresas extranjeras se enfrentan a una amenaza cada vez mayor de sanciones secundarias.

A principios de septiembre se estimó que las exportaciones de petróleo iraní habían caído de unos 1,7 millones de barriles al día (bpd) un año antes a aproximadamente 260.000 bpd.

Teherán presenta un panorama muy diferente. El Ministerio de Petróleo afirmó que los ingresos en divisas procedentes de las ventas de petróleo superaron los 11.000 millones de dólares en los primeros cuatro meses del año iraní, a pesar de las sanciones y la presión sobre la flota de petroleros.

Las autoridades presentaron ese resultado como prueba de que las ventas y los cobros estaban mejorando. Ambas afirmaciones no miden necesariamente lo mismo: una se refiere a los envíos físicos estimados en un momento concreto, mientras que la otra abarca los ingresos acumulados, que pueden incluir pagos retrasados o cargamentos anteriores.

Sin embargo, la brecha entre ambas pone de manifiesto un problema ya conocido. Irán no publica un informe suficientemente detallado y oportuno sobre los volúmenes de exportación, los destinos, los descuentos o los ingresos liquidados. Por lo tanto, sigue siendo difícil conciliar las estimaciones externas con las garantías oficiales.

En cuanto a la inflación, las cifras nacionales ya son de por sí bastante graves. El Centro de Estadística de Irán situó la inflación anual en agosto de 2026 en el 69,9 % y la inflación interanual en el 89 %. En el caso de los alimentos y las bebidas, la tasa interanual alcanzó el 127,5 %.

Por lo tanto, la cesta de la compra media era más del doble de cara que un año antes, según la propia autoridad estadística del Estado. Reuters también informó de una tasa de desempleo superior al 9 % a medida que se endurecía el bloqueo, mientras que el desempleo juvenil se mantenía en niveles mucho más elevados. El Banco Mundial ha advertido de que la guerra, la interrupción de las importaciones y la creciente presión fiscal agravan los riesgos de inflación e inseguridad alimentaria.

Washington está explotando deliberadamente estas vulnerabilidades. El bloqueo tiene por objeto asfixiar los ingresos petroleros, disuadir a los socios comerciales de Irán y elevar el coste interno de la resistencia hasta que Teherán cambie su postura en la mesa de negociaciones.

Sin embargo, la presión extranjera no dicta todas las decisiones internas. Washington no decide si las escasas divisas se destinan a medicamentos o a vehículos de alta gama. Tampoco establece la aplicación de los alquileres, las prioridades aduaneras, las exenciones fiscales ni la distribución de los subsidios energéticos. Esas decisiones siguen recayendo en el Estado iraní.

Atribuir todos los fracasos internos al bloqueo protege esas decisiones del escrutinio y proporciona a los responsables políticos una coartada cuando la asignación de recursos escasos exige total transparencia.

La gasolina hace recaer la carga sobre la población

Desde el 7 de septiembre, el consumo mensual de gasolina superior a 110 litros se cobra a 100.000 riales, o 10.000 tomans, por litro —el doble de la tarifa anterior del tercer nivel—. Las autoridades señalan una demanda diaria de aproximadamente 145 millones de litros, muy por encima de la capacidad de producción nacional, y afirman que la medida afecta directamente a alrededor del 15 % de los consumidores.

Existen argumentos económicos para restringir el consumo de un producto básico fuertemente subvencionado. El envejecimiento del parque automovilístico iraní, el contrabando, la insuficiencia del transporte público y el combustible extraordinariamente barato han contribuido a la demanda. Un Gobierno que se enfrenta a un déficit de suministro cada vez mayor no puede tratar el consumo como si la guerra no hubiera cambiado nada.

La dificultad radica en cómo se repercute este ajuste en una economía que ya sufre una inflación extraordinaria. El combustible está integrado en el precio de casi todos los bienes materiales. Muchos trabajadores no disponen de una alternativa viable a los coches particulares o a los taxis compartidos, mientras que las pequeñas empresas no pueden absorber los repetidos aumentos en los costes de transporte. Por lo tanto, una subida de precios dirigida a los usuarios más intensivos puede extenderse mucho más allá de ese 15 % a través de los gastos de transporte, las tarifas, los precios al por menor y las expectativas de una mayor inflación.

El Gobierno del presidente Masoud Pezeshkian se ha inclinado por el ajuste de precios, la restricción de las subvenciones y la limitación del gasto público. Una sola subida del precio de la gasolina no define todo un programa económico, y los gobiernos intervencionistas también suben los precios para frenar el contrabando o cubrir déficits fiscales.

Cuando la reforma de precios avanza más rápido que la protección salarial, las transferencias específicas, el transporte público o el control sobre los mercados esenciales, el ajuste recae sobre los consumidores antes de que el Estado haya creado un escudo a su alrededor.

Los precios en tiempos de guerra soportan el peso del bloqueo. Las primas de seguro, la exposición a las sanciones, los pagos bloqueados, las rutas comerciales más largas, la escasez de transporte marítimo y las perturbaciones militares se incorporan al precio final. Cuando el Estado permite que esos costes se trasladen sin control al mercado, la guerra económica de Washington llega a todas las tiendas y a todas las mesas familiares.

El diseño de las compensaciones es tan importante como el precio final. Un pago en efectivo que llega cuando la inflación ya ha consumido su valor ofrece poca protección, sobre todo cuando los hogares más pobres destinan la mayor parte de sus ingresos a la alimentación y la vivienda.

Las ayudas deben estar indexadas, ser específicas y pagarse a tiempo. El transporte público, los desplazamientos escolares, la movilidad rural y los pequeños operadores de transporte de mercancías también requieren un tratamiento específico, ya que su consumo de combustible no puede descartarse simplemente como un exceso discrecional.

Los controles de emergencia requieren un plan de abastecimiento de emergencia

La supresión permanente de los precios no es la solución. Mantener un producto por debajo de su coste de producción o de importación durante demasiado tiempo erosiona la oferta, reduce la calidad, fomenta la búsqueda de rentas y alimenta el mercado negro. La propia experiencia de Irán hace que esos peligros sean imposibles de ignorar. Sin embargo, la gestión en tiempos de crisis no tiene por qué significar la congelación indefinida de todos los precios.

El Estado puede imponer límites temporales y revisables a una gama restringida de bienes y costes esenciales, al tiempo que protege el suministro. Para ello se requiere un tipo de cambio preferencial para las materias primas, la liberación de reservas estratégicas antes de que la escasez se agrave, crédito asequible o desgravaciones fiscales para los productores, y ayudas directas a los hogares con bajos ingresos.

Un límite máximo sin medidas de apoyo al suministro no hace más que posponer un aumento o expulsar el producto de los mercados formales. El apoyo al suministro sin controles puede convertirse en otra transferencia a los intermediarios.

El sector de la vivienda demuestra que el Gobierno ya acepta el principio de la intervención de emergencia. Las autoridades han impuesto un límite máximo anual del 25 % a los aumentos de los alquileres, incluso en Teherán, junto con medidas destinadas a facilitar la renovación de los contratos de alquiler y a limitar los desahucios arbitrarios. La aplicación de estas medidas es desigual y las normas locales requieren una distinción cuidadosa, pero la política reconoce el punto central: durante una crisis grave, el Estado no puede dejar que todos los costes esenciales queden a merced de un mercado sobrecalentado.

El elemento que falta es un sistema coherente. Los alimentos, la vivienda, los medicamentos, el transporte y los insumos de producción deberían tener mayor prioridad en el uso de las escasas divisas y la capacidad administrativa que los vehículos de lujo, los viajes de ocio al extranjero u otros consumos no esenciales.

Una economía de guerra es, en última instancia, una jerarquía de prioridades. Sin ella, las intervenciones aisladas siguen siendo excepciones improvisadas, mientras que los hogares se enfrentan a la crisis como un aumento único e implacable del coste de la vida.

Las importaciones de lujo ponen de manifiesto la contradicción

El regreso de las importaciones de vehículos de gran cilindrada ilustra esta contradicción. En 2025, tras años de restricciones, la normativa volvió a dar cabida a los automóviles de más de 2.500 centímetros cúbicos. Según se informa, el plan correspondiente preveía alrededor de 13 000 vehículos y destinaba aproximadamente 635 millones de euros: 8 000 automóviles con motores de entre 2 500 y 3 000 cc sujetos a un arancel del 180 %, y 5 000 con motores de más de 3 000 cc sujetos a un arancel del 190 %.

El Toyota Land Cruiser pone de manifiesto la contradicción. Un modelo de 2025 que cuesta aproximadamente 60 000 dólares en los Emiratos Árabes Unidos puede venderse por varias veces esa cantidad en Irán una vez añadidos los aranceles y otros gravámenes. Es posible que el Estado recaude generosamente de los compradores acaudalados, pero los ingresos aduaneros no pueden recuperar las escasas divisas ya gastadas en el vehículo.

Irán lucha por conseguir divisas para medicamentos, piensos, alimentos, maquinaria y piezas industriales. Los cientos de millones de euros destinados a vehículos de lujo no pueden gastarse dos veces. Un arancel elevado capta parte de la riqueza del comprador para el erario público, pero no devuelve las divisas que salieron del país para adquirir el coche. Bajo el bloqueo, el coste de oportunidad importa más que el espectáculo que supone una elevada factura aduanera.

Es también aquí donde los llamamientos al sacrificio nacional comienzan a perder fuerza. A los asalariados se les dice que el combustible y el pan no pueden permanecer al margen de la realidad, mientras que el consumo de las clases con mayores ingresos sigue teniendo acceso a las escasas divisas. El Estado puede recaudar ingresos de ese consumo, pero también está indicando qué demanda sigue siendo negociable y qué nivel de vida se espera que se ajuste en primer lugar.

La misma prueba debería aplicarse más allá de los coches importados. La divisa preferencial, el crédito subvencionado, los contratos de adquisición pública y las desgravaciones fiscales generan una demanda de recursos que se han vuelto más valiosos bajo el bloqueo.

El Estado debería revelar quién recibe estos beneficios y en qué condiciones. Sin esa transparencia, los importadores privilegiados se aseguran mercancías y divisas a tipos protegidos, mientras que los iraníes de a pie se enfrentan a toda la fuerza del mercado.

Eurasia ofrece rutas, no un rescate

No obstante, Irán tiene opciones más allá de sus puertos del sur. El acuerdo de libre comercio con la Unión Económica Euroasiática (UEE) entró en vigor el 15 de mayo de 2025, reduciendo o eliminando los aranceles en gran parte del comercio de Irán con Rusia, Kazajistán, Bielorrusia, Armenia y Kirguistán. El acuerdo proporciona a Teherán un marco formal más amplio para el abastecimiento de alimentos, productos industriales y materias primas a través de los corredores del norte.

Kazajistán exportó alrededor de 1,1 millones de toneladas de cereales a Irán en 2025, mientras que sus exportaciones agrícolas al país aumentaron considerablemente. Las autoridades han debatido la posibilidad de incrementar los envíos anuales de trigo hasta en dos millones de toneladas.

La cebada, el maíz, el aceite vegetal, la carne y las legumbres amplían la cesta de productos potenciales. Rusia también ha utilizado la ruta del Caspio para el transporte de cereales, aunque la bajada del nivel del agua, el uso de embarcaciones pequeñas y la capacidad portuaria limitada restringen el volumen que puede transportarse.

La red ferroviaria ofrece otra vía de acceso. En septiembre, un tren bloque de 55 contenedores partió de China con destino a Sarakhs pasando por Kazajistán, Uzbekistán y Turkmenistán, con un trayecto previsto de entre 14 y 16 días a lo largo de más de 6.000 kilómetros. Estos servicios demuestran que la presión en el mar no aísla a Irán de la cadena de suministro euroasiática.

Sin embargo, no constituyen una alternativa sin costes al comercio marítimo. Antes de la guerra, más del 80 % del volumen del comercio bilateral de Irán se transportaba a través de su costa sur. Las carreteras y las vías férreas no pueden absorber ese tráfico de la noche a la mañana.

Las mayores distancias, los transbordos, la congestión en las fronteras, el material rodante limitado y la exposición a las decisiones políticas de los Estados vecinos suponen un aumento de los costes.

Un funcionario comercial iraní estimó que trasladar el comercio con China del mar a la tierra podría suponer un coste adicional de 18 000 millones de dólares al año.

Una vez que los bienes esenciales llegan a las fronteras de Irán, los retrasos internos se convierten en un fracaso político. Las agencias aduaneras y de concesión de licencias no pueden seguir trabajando con los horarios propios de tiempos de paz mientras la carga vital permanece atascada en las colas.

Los medicamentos, los alimentos, los suministros agrícolas y las piezas industriales necesitan una vía rápida propia de tiempos de guerra, respaldada por un despacho más ágil y un acceso prioritario a divisas. Siempre que la seguridad pública lo permita, las inspecciones pueden realizarse tras la entrada.

Teherán ya ha aplicado esta lógica en un ámbito limitado. El 10 de septiembre, suspendió temporalmente un gravamen del 10 % sobre los buques extranjeros que transportaran determinados productos de petróleo, gas y derivados líquidos hacia o desde Irán. La medida tenía por objeto reducir los costes de transporte y fomentar el transporte marítimo extranjero. Toda normativa nacional que eleve innecesariamente el coste de las importaciones esenciales merece el mismo escrutinio.

Hacer que la riqueza absorba una mayor parte del impacto

Un déficit presupuestario cada vez mayor no convierte a la gasolina en el punto de partida inevitable. El Gobierno puede recortar el gasto no esencial, reducir las exenciones fiscales, perseguir la evasión a gran escala, gravar con mayor eficacia los inmuebles y vehículos de lujo, y desarrollar un régimen viable de plusvalías. Los subsidios energéticos pueden reducirse de forma más agresiva para los mayores consumidores, al tiempo que se compensa a los hogares cuyo sustento depende del transporte.

La distribución es una variable económica, además de una elección moral. La cohesión social forma parte de la capacidad productiva y estratégica de un país en tiempos de guerra. Cuando los salarios cubren una fracción cada vez menor de las necesidades básicas, los límites máximos de los alquileres se aplican de forma deficiente y la inflación de los alimentos supera el 100 por ciento, los hogares no perciben las políticas como un conjunto de correcciones técnicas. Ven a un Estado que decide qué grupos renunciarán primero a sus ingresos, su seguridad y sus ahorros.

Esa percepción tiene consecuencias directas para la resiliencia nacional. La campaña de Washington pretende encarecer tanto la vida cotidiana que tanto la ciudadanía como el Gobierno lleguen a considerar las concesiones políticas como la única vía de escape.

La política nacional puede acabar contribuyendo a ese objetivo sin pretenderlo. La aplicación de medidas propias de tiempos de paz en un contexto de bloqueo traslada una mayor parte de la presión de Washington sobre los iraníes de a pie, lo que agrava la desigualdad y erosiona la confianza pública.

Irán no necesita un control estatal permanente sobre todos los mercados. Necesita medidas temporales vinculadas a la duración y la gravedad de la emergencia, con prioridades claras y rendición de cuentas pública. Los precios de los productos esenciales pueden contenerse cuando se proteja el suministro.

Los medicamentos y los alimentos pueden tener prioridad en el acceso a las divisas. Las rutas euroasiáticas y terrestres pueden ampliarse sin pretender que sustituyan por completo al comercio marítimo. Se pueden reducir las fricciones aduaneras, al tiempo que se destina una mayor parte de la carga fiscal al consumo de lujo, a la riqueza acumulada y a quienes están en mejores condiciones de absorberla.

Ya existen elementos de dicha política en el tope de las rentas y en la suspensión de los gastos de envío. Sin embargo, siguen siendo decisiones dispersas en lugar de un programa económico unificado para tiempos de guerra. Sin datos transparentes sobre los ingresos petroleros, la asignación de divisas, las reservas estratégicas y los beneficiarios de las subvenciones, la ciudadanía no puede juzgar si el sacrificio se está repartiendo o si simplemente se exige a los más desfavorecidos.

Un programa unificado también necesitaría un calendario y criterios de activación cuantificables. Los controles deberían endurecerse cuando las existencias, la capacidad de transporte o el poder adquisitivo de los hogares superen los umbrales publicados, y flexibilizarse cuando se recupere la oferta.

Los productores e importadores necesitan saber cómo se compensarán las pérdidas; los consumidores necesitan saber qué bienes están protegidos y durante cuánto tiempo. Esa previsibilidad reduciría las compras motivadas por el pánico y el acaparamiento especulativo de forma más eficaz que las repetidas garantías no respaldadas por datos accesibles.

La resiliencia comienza por quién está protegido

Irán conserva ventajas considerables: un amplio mercado interno, una capacidad industrial sustancial, vastas reservas energéticas, mano de obra cualificada y acceso a varios bloques económicos. El Banco Mundial lleva mucho tiempo describiendo su economía como relativamente diversificada entre los principales exportadores de petróleo. Esas fortalezas otorgan al país margen de maniobra, pero no protegen automáticamente a la población de una mala asignación de recursos o de una ejecución deficiente.

Ningún programa nacional puede eliminar el coste de la guerra, las sanciones y el bloqueo. El Gobierno aún puede determinar qué parte de ese coste llega a la mesa de un trabajador, a la notificación de renovación de un inquilino o a la receta de un paciente.

Puede elegir si las divisas extranjeras se destinan a preservar la producción y el suministro básico, o si siguen destinándose al consumo, cuyo aplazamiento causaría un daño mucho menor.

La resiliencia de Irán no se medirá únicamente por los barriles que consiga exportar o los trenes que haga pasar por Sarakhs. También se medirá por si la base social que se espera que resista el asedio sigue pudiendo permitirse el pan, la vivienda, el transporte y los medicamentos.

Washington está intentando quebrantar esa base mediante el desgaste económico. Teherán no debería agravar el daño haciendo que los más desfavorecidos soporten la mayor parte de la carga de la guerra.