La nueva administración en Beirut, surgida de alianzas frágiles, influencia extranjera y la marginación de los principales partidos políticos, ofrece un atisbo de reforma, pero corre el riesgo de repetir patrones políticos corrosivos del pasado. El gobierno, liderado por el primer ministro Nawaf Salam, celebró su primera sesión de gabinete esta semana, iniciando la redacción de su declaración ministerial y marcando el comienzo de su mandato.

Este gobierno emerge en un contexto turbulento de cambios políticos, militares e internacionales. La elección del general Joseph Aoun como presidente, tras un prolongado vacío en el cargo, y el ascenso de Salam, ex presidente de la Corte Internacional de Justicia, sugieren un nuevo capítulo para el Líbano. Además, la disminución de la influencia de Hezbolá y la inclusión de facciones históricamente opuestas a este grupo en el gabinete refuerzan esta percepción.

Sin embargo, el gobierno enfrenta su primera gran prueba con la negativa de Israel a retirarse del sur del Líbano antes del 18 de febrero, fecha límite establecida en un acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos. Tel Aviv ha solicitado una segunda prórroga de 10 días y exige mantener tropas en cinco emplazamientos estratégicos cerca de la frontera.

Por primera vez desde el Acuerdo de Taif de 1989, que puso fin a la guerra civil libanesa, la declaración ministerial podría omitir la mención a la «resistencia». Durante más de tres décadas, la tríada «Ejército, Pueblo, Resistencia» ha sido un pilar político, aunque no siempre vinculado a la resistencia armada contra la ocupación extranjera. Este cambio refleja presiones internas y externas, especialmente de Washington, que ha influido en la formación de un gobierno favorable a sus intereses, buscando debilitar a Hezbolá y contener la influencia iraní.

Aunque el gobierno de Aoun-Salam no implica un acercamiento directo a Israel, sus declaraciones iniciales abogan por una postura más diplomática. Buscan aprovechar el respaldo internacional para asegurar la retirada israelí, controlar las armas internas y reforzar el despliegue militar en el sur, a cambio de ayuda financiera.

El gabinete de Salam combina cuotas sectarias con nuevas figuras empresariales y financieras, manteniendo el frágil equilibrio multisectario del Líbano. A pesar de la presión extranjera, el Ministerio de Finanzas sigue en manos chiíes, reflejando la influencia persistente de Hezbolá y Amal. Sin embargo, la intervención de Estados Unidos y Arabia Saudí en la formación del gobierno es evidente.

La presencia de ministros alineados con políticas económicas occidentales, como los del partido «Kulluna Irada», genera preocupación por posibles medidas que favorezcan al FMI en detrimento de los pequeños ahorradores. Esto podría agravar la crisis bancaria y profundizar las divisiones socioeconómicas.

La exclusión de aliados tradicionales de Hezbolá, como el Movimiento Patriótico Libre, y el ascenso de partidos cristianos proisraelíes como las Fuerzas Libanesas y Kataeb, indican un cambio en el equilibrio de poder. Además, la ausencia de Saad Hariri en el gabinete ha generado descontento entre sus seguidores suníes, quienes desconfían del monopolio de Salam sobre los nombramientos políticos suníes.

Hariri anunció el regreso de su partido, Movimiento del Futuro, lo que podría alterar la dinámica política suní y desafiar la influencia de figuras proestadounidenses como Fouad Siniora.

El gobierno de Salam enfrenta múltiples desafíos, desde la ocupación israelí hasta la reconstrucción de regiones devastadas y la escasez de recursos militares. La continua violación de la soberanía libanesa por parte de Israel y el desplazamiento de civiles en el sur podrían desestabilizar aún más al país.

Aunque el gobierno promete reformas electorales no sectarias y busca llenar vacantes clave en la administración pública, el sesgo político sigue prevaleciendo sobre el mérito. La próxima conferencia de donantes en París ofrece una oportunidad para obtener ayuda financiera, pero existe escepticismo sobre su impacto real.

En resumen, el gobierno de Aoun-Salam enfrenta un panorama complejo, donde la presión internacional, las divisiones internas y los desafíos económicos y de seguridad podrían determinar su éxito o fracaso.