Estimados lectores, en la gran traducción del día les traemos un artículo del investigador Onur Ozersin en The Cradle que pone el foco en la copa del mundo 2026:

Los gobiernos están tomando medidas para vincular la expresión en línea con las identidades del mundo real bajo el pretexto de la seguridad infantil. Las implicaciones van mucho más allá de ese propósito declarado.

Internet, considerada durante mucho tiempo como un espacio de relativa libertad, está entrando en un periodo de cambio estructural impulsado por gobiernos que actúan de forma coordinada.

Se está produciendo un proceso más discreto en múltiples jurisdicciones. Las autoridades están introduciendo requisitos de verificación de identidad vinculados al acceso y la participación. Estas medidas se presentan como salvaguardias para los menores, y algunas de ellas ya se han incorporado a la legislación.

Desde Canberra hasta Washington, pasando por Londres, Ankara y Abu Dabi, los gobiernos están tomando medidas para poner fin a la era del acceso anónimo a Internet, incorporando restricciones de edad y protocolos de verificación tanto en la legislación como en el diseño de las plataformas, lo que supone uno de los cambios más significativos que ha experimentado el mundo digital desde sus inicios.

Un giro coordinado

El modelo emergente vincula los perfiles de los usuarios a identidades verificadas, yendo más allá de la regulación habitual y alterando el funcionamiento de la libertad de expresión en línea.

A medida que cada publicación digital queda vinculada de forma indeleble a una identidad del mundo real y se añade a una base de datos permanente, el concepto de privacidad en línea se invierte de manera fundamental. El anonimato ya no se considera un derecho civil, sino más bien una actividad ilícita.

El impulso se aceleró en el Reino Unido en 2025, donde más de 12.000 personas se enfrentaron a detenciones y sanciones relacionadas con su actividad en línea.

Una tendencia similar se está desarrollando en EE. UU., donde estados como Florida, Utah y California han impulsado medidas de identificación a nivel local. Los avances en una ley federal equivalente, la Ley de Seguridad Infantil en Internet (KOSA, en inglés), siguen siendo objeto de debate en el Congreso.

La UE ha seguido una vía paralela a través de la Ley de Servicios Digitales (DSA, en inglés). Presentada como un marco regulador, en la práctica ha asumido una función de aplicación de la ley. Dinamarca, Grecia, Italia y España han sido seleccionadas como primeros campos de prueba para los sistemas de verificación.

Hacia 2026, el enfoque había comenzado a ampliarse. El debate pasó de la protección de la infancia a la regulación de la expresión política. En Alemania, el canciller Friedrich Merz declaró a principios de mayo: «Quiero ver los nombres reales de todas las personas que expresan una opinión en nuestra contra en Internet. No deberían esconderse tras cuentas anónimas».

Turquía introdujo medidas similares a finales de abril. El Parlamento aprobó controles de identidad y la prohibición del uso de redes sociales para menores de 15 años. Tras su publicación el 1 de mayo, se concedió a las plataformas un plazo de nueve meses para cumplir con la normativa.

El ministro de Justicia, Akin Gurlek, describió Internet como un «caos digital» y afirmó que la ley se aplicaría a las plataformas con más de un millón de usuarios. Las sanciones por incumplimiento incluyen medidas coercitivas agresivas, como sanciones económicas, la limitación del ancho de banda y el bloqueo total de la red.

Los Emiratos Árabes Unidos adoptaron su propio marco normativo en junio de 2026 mediante la Decisión del Consejo de Ministros n.º 106. En ella se estableció un umbral de edad oficial para el uso de las redes sociales en el mundo árabe. Las plataformas están obligadas a integrarse con el UAE Pass o a implantar sistemas de verificación biométrica. Se ha concedido un período de transición de 12 meses, y las medidas de ejecución —que incluyen multas y la posible suspensión del servicio— entrarán en vigor a partir de julio de 2027.

Aunque los Estados vecinos del Golfo aún no han codificado restricciones de edad específicas ni obligaciones de verificación de identidad, se espera con gran interés la adopción de marcos legislativos paralelos. Esto es especialmente cierto en el caso de países que cuentan con infraestructuras de digitalización avanzadas, como Arabia Saudí y Catar. 

Las autoridades reguladoras también están tomando medidas drásticas contra la principal herramienta utilizada para eludir estas fronteras digitales: los servicios de VPN. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Henna Virkkunen, advirtió de que las medidas de verificación de identidad no deben eludirse mediante VPN, en consonancia con los planes existentes en Francia y el Reino Unido para restringir el enrutamiento a través de redes privadas. 

Esta campaña de represión supone un drástico giro ideológico. Mientras que anteriormente los líderes europeos criticaban las rigurosas restricciones de Internet impuestas por China en nombre de la libertad de expresión, ahora están aplicando esos mismos mecanismos de control dentro de sus propias fronteras.

La verificación como condición de acceso

Varias propuestas exigirían a los usuarios confirmar su identidad en plazos fijos, en algunos casos de tan solo 72 horas. El incumplimiento podría dar lugar a la suspensión de la cuenta y a la eliminación de los datos asociados.

La elección se reduce a dos opciones: o bien los usuarios vinculan su historial digital a su identidad legal, o bien pierden el acceso a las redes y contenidos acumulados.

Este requisito convierte, en la práctica, todo su pasado digital en un arma. Una discusión política que mantuvo hace años, una pregunta poco relevante formulada en un antiguo foro o un comentario imprudente realizado en el ímpetu de la juventud le perseguirán ahora para siempre, grabados de forma indeleble en su identidad legal oficial.

Aunque inicialmente restringida a los organismos gubernamentales, esta base de datos consultable podría acabar siendo accesible para las compañías de seguros y los futuros empleadores. Es probable que el intercambio transfronterizo de datos se convierta en una práctica habitual en las solicitudes de viajes internacionales.

Un posible escenario ilustra esta trayectoria. Una solicitud de visado podría incluir una petición de perfil digital del país de origen. Los sistemas automatizados evaluarían esos datos antes de que se llevara a cabo cualquier revisión humana.

La UE ya ha impuesto sanciones a periodistas que cubren determinados temas geopolíticos, incluidos aquellos que expresan opiniones a favor de Palestina o posturas alineadas con la política rusa.

El alcance de la normativa no se limita al contenido público. La UE ha seguido impulsando su iniciativa «Chat Control», cuyo objetivo es permitir el escaneo de las comunicaciones privadas. Tras la expiración de una exención temporal en abril de 2026, el Consejo decidió el 2 de julio restablecer las disposiciones de vigilancia hasta 2028.

Esta cuestión ha suscitado una intensa resistencia por parte de los defensores de la privacidad y de una coalición de más de 500 criptógrafos, quienes advierten de que exigir a las plataformas que analicen previamente el contenido de los mensajes compromete de forma inherente el cifrado de extremo a extremo, transformando de hecho los espacios de mensajería privada en dominios estatales sometidos a vigilancia permanente.

La libertad de expresión bajo vigilancia

Las autoridades sostienen que estas medidas se aplican a las redes sociales. Sin embargo, la infraestructura que se está construyendo tiene aplicaciones potenciales mucho más amplias.

Es solo cuestión de tiempo que los escáneres de huellas dactilares, retina y rostro se conviertan en obligatorios para cada acción que realice en línea.

Una vez superado ese umbral, la verificación de antecedentes se extenderá mucho más allá de los antecedentes penales tradicionales; en su lugar, el perfil digital de una persona se convertirá en el principal factor determinante de su carrera profesional. Este cambio permite a los algoritmos de inteligencia artificial escanear sin dificultad cada rastro digital dejado en línea, etiquetando de forma preventiva a los usuarios como «de riesgo» o «propensos a la delincuencia».

Este marco coarta inevitablemente el discurso público; criticar la política estatal, denunciar la corrupción o simplemente formular una pregunta quedará registrado de forma permanente en el expediente digital de un ciudadano. En consecuencia, las autoridades estatales ya no necesitarán reprimir activamente la libertad de expresión.

Cuando la sanción por la disidencia pone en peligro los logros profesionales de toda una vida, la autocensura surge de forma natural.

Se observa un patrón similar fuera de Internet. Más de 300 estudiantes internacionales que participaron en protestas a favor de Palestina en universidades estadounidenses se enfrentaron el año pasado a la revocación de sus visados y a la deportación. Si una protesta visible conlleva tales consecuencias, es probable que las implicaciones de la trazabilidad digital permanente tengan un alcance aún mayor.

En declaraciones a The Cradle, la periodista y experta en política tecnológica Fusun Nebil enmarca la cuestión en términos más amplios:

«Quizá el punto más crítico de este debate sea que Internet ya no es meramente un medio de comunicación; también se ha convertido en la memoria y la identidad digitales de las personas. No basta con que los gobiernos esgriman justificaciones aparentemente legítimas, como la seguridad infantil, la lucha contra la desinformación y la lucha contra la ciberdelincuencia. Debemos debatir seriamente cómo un orden digital que elimine por completo el anonimato ejercerá presión sobre la libertad de expresión, el pluralismo político y la cultura de la crítica social a largo plazo».

De foro abierto a espacio controlado

Internet ha funcionado durante mucho tiempo como un espacio en el que los ciudadanos aprenden y dan forma a sus ideas a través del debate abierto, pasando de los primeros foros a las redes sociales modernas. Sin embargo, en un sistema en el que cada palabra se convierte en un registro oficial, la supervivencia de la sátira, el humor y el intercambio intelectual queda en entredicho.

En un marco en el que una broma contada a los 22 años puede utilizarse como prueba en contra de una persona a los 40, Internet dejará de ser un entorno de exploración y se transformará, en cambio, en una vasta sala de audiencias donde cualquier palabra pronunciada pueda utilizarse como acusación.

Hoy en día, los medios de comunicación tradicionales, como los periódicos y los canales de televisión, suelen estar controlados o influenciados por poderosos grupos de interés en muchos países. Como resultado, las plataformas de redes sociales se han convertido en los principales espacios donde los ciudadanos pueden intercambiar ideas libremente.

Sin embargo, la introducción de la verificación obligatoria de la identidad restringirá, casi con toda seguridad, la diversidad de opiniones en estos entornos que aún permanecen abiertos.

En junio de 2026, el Gobierno del Reino Unido puso en marcha una consulta sobre la regulación de la distribución de contenidos en plataformas como YouTube y TikTok. Las propuestas incluyen requisitos para que los algoritmos den prioridad al material procedente de emisoras de servicio público designadas y de medios de comunicación autorizados.

Esto introduce una estructura jerárquica dentro de las plataformas. Ciertas fuentes obtienen visibilidad por diseño.

Vías de escape y consecuencias no deseadas

Imponer la verificación de identidad en línea no solo podría alterar la naturaleza de las plataformas de redes sociales, sino también desencadenar un éxodo masivo hacia la web oscura. Irónicamente, las principales víctimas de este cambio serán precisamente los niños a los que estas leyes pretenden proteger.

Cuando los gobiernos obliguen a gigantes tecnológicos como Meta, X y TikTok a implementar controles de identidad, los ciudadanos de a pie que valoran la privacidad —y los jóvenes en particular— podrían recurrir a la web oscura. Aunque las plataformas convencionales son objeto de críticas frecuentes, sus equipos de moderación y sus sistemas de inteligencia artificial eliminan activamente la gran mayoría de los contenidos nocivos. 

Por el contrario, las redes de la web oscura carecen de cualquier tipo de supervisión o de directrices comunitarias. Cuando un adolescente utiliza la red Tor para eludir las restricciones, no solo estaría chateando con amigos, sino que entraría en un entorno no supervisado donde los riesgos de explotación son exponencialmente mayores que en las plataformas supervisadas.

Concentración y exposición de datos

La acumulación de datos de identidad introduce otra capa de riesgo. Las grandes bases de datos de información biométrica y personal constituyen objetivos atractivos para los ciberataques.

En abril de 2026, surgieron preocupaciones en torno a la aplicación de verificación de edad de la UE poco después de que se hiciera público su código. Los investigadores de seguridad identificaron puntos débiles en su estructura.

Especialistas independientes, entre ellos el consultor de ciberseguridad Paul Moore y el criptógrafo francés Olivier Blazy, identificaron de inmediato vulnerabilidades críticas de arquitectura y diseño en el marco del proyecto. 

Dirigiéndose directamente a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en X, Moore lanzó una severa advertencia: «En serio, @vonderleyen: este producto será el catalizador de una enorme filtración en algún momento. Es solo cuestión de tiempo».

El fundador de Telegram, Pavel Durov, también se sumó al debate, afirmando que estas vulnerabilidades de seguridad son consecuencia directa del diseño fundamental del sistema y no un simple error: «La aplicación de verificación de edad de la UE era vulnerable por su propio diseño: confiaba en el dispositivo (lo cual supone el fin inmediato del juego)».

Un horizonte vigilado

Aunque la verificación de identidad en Internet pueda parecer una medida adoptada para proteger a los niños, el hecho de que conduzca a un refugio seguro o a un precipicio peligroso depende de cómo se aplique. Si la solución se basa únicamente en promulgar prohibiciones y recopilar números de identificación, la comunicación libre se verá inevitablemente empujada hacia las redes de la web oscura, donde la supervisión es casi imposible.

El camino para proteger a los niños no consiste en cerrar con llave las puertas digitales y entregar las llaves al Gobierno. Más bien, reside en garantizar que la Internet abierta siga ofreciendo un espacio en el que los ciudadanos puedan expresar libremente sus ideas sin la presión de la autocensura, al tiempo que se garantiza su seguridad mediante la moderación, la educación y la transparencia. 

De lo contrario, para la década de 2030, podríamos encontrarnos ante una generación que no esté protegida de los efectos nocivos de Internet, sino ante una generación que haya crecido en la anarquía de la dark web.