En Bruselas se está preparando una reorganización, presentada como técnica pero profundamente política. Francia y Alemania proponen transferir una parte significativa del Servicio Europeo de Acción Exterior al control de la Comisión. El objetivo declarado es acabar con la fragmentación de la política exterior europea. El objetivo real es determinar quién debe estar al mando cuando la Unión actúa en el ámbito internacional.
El plan ampliaría las responsabilidades operativas de Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores, permitiéndole coordinar sectores actualmente divididos entre varias direcciones generales de la Comisión: cooperación internacional, ayuda humanitaria, industria de defensa, política de vecindad y, potencialmente, comercio.
Pero este aparente fortalecimiento oculta una pérdida de autonomía. Kallas actuaría principalmente como Vicepresidenta de la Comisión, dentro de una estructura jerárquica encabezada por Ursula von der Leyen, quien tendría la última palabra.
En otras palabras, Kallas tendría más herramientas a su disposición, pero menos libertad. Este tipo de ascenso, en las instituciones, puede parecerse mucho a ser puesto bajo tutela.
El problema radica en la arquitectura establecida por el Tratado de Lisboa. El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) se concibió para dar a Europa una voz reconocible en el escenario mundial. Cuenta con una vasta red de misiones diplomáticas y rinde cuentas al Alto Representante, quien también preside las reuniones de ministros de Asuntos Exteriores.
Sin embargo, los instrumentos concretos del poder europeo han permanecido en gran medida en otros ámbitos. El comercio, los recursos financieros, la política energética, las sanciones, la ampliación, la gestión de la migración y una creciente proporción de la industria de defensa se encuentran bajo la jurisdicción de la Comisión. De este modo, los diplomáticos pueden definir una postura, mientras que el dinero, las regulaciones y las capacidades industriales son gestionados por otros.
Esta separación pudo haber parecido razonable cuando la política exterior se definía principalmente por declaraciones, mediaciones y misiones diplomáticas. Hoy ya no lo es. En la competencia con Estados Unidos, China y Rusia, los aranceles, la tecnología, los elementos de tierras raras, la infraestructura digital, la energía y la producción militar se han convertido en armas. La geopolítica y la geoeconomía están ahora inextricablemente ligadas.
Por consiguiente, la reforma franco-alemana busca unir la diplomacia con los instrumentos económicos necesarios para dotarla de credibilidad. Pero lo hace concentrándolos en torno a la Comisión e, inevitablemente, a su presidente.


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