Estimados lectores, en la gran traducción del día les traemos un artículo del gran analista geopolítico Leonid Savin en Regnum. Pone el foco en Venezuela:

Los Gobiernos de EE. UU. y Venezuela han anunciado de forma sincronizada un nuevo acuerdo estratégico, según el cual 65.000 millones de barriles de petróleo pesado de la República Bolivariana serán cedidos a Washington.

Con un precio fijado en 65 dólares por barril (aunque el precio actual en el momento del acuerdo era de 88 dólares), Venezuela recibirá de EE. UU. tan solo 19 dólares por barril. El acuerdo abarca 17 zonas de extracción, entre las que se incluyen el lago Maracaibo y yacimientos no explotados hasta la fecha situados junto al cauce del río Orinoco.

Se destinarán inversiones procedentes de EE. UU. por valor de 100.000 millones de dólares a la modernización de las infraestructuras. Caracas presenta esto como un acuerdo claramente ventajoso, ya que el presupuesto del país obtendrá, supuestamente, 200.000 millones de dólares en ingresos.

China ha reaccionado con evidente inquietud, afirmando que también deben tenerse en cuenta sus intereses —en primer lugar, los créditos concedidos anteriormente y la ayuda financiera a cambio de petróleo.

Los chavistas y sus partidarios en otros países de América Latina han criticado duramente el acuerdo, calificándolo de un paso más hacia la pérdida de soberanía. No obstante, añadieron que aún es posible dar marcha atrás.

La cuestión debe analizarse no solo como un contrato entre dos Estados, sino de forma mucho más amplia: tanto en el contexto de la geopolítica petrolera como en el de los procesos regionales. Y es que, tras el secuestro del presidente legítimo Nicolás Maduro y de su esposa el 3 de enero, se produjeron acontecimientos que son radicalmente contrarios al espíritu del chavismo y que están claramente dirigidos contra la soberanía de Venezuela.

El primer acuerdo con EE. UU. se firmó ya el 21 de enero, y también se refería al suministro de petróleo. Al mismo tiempo, Washington prohibió la venta a otros países. El 30 de enero, la presidenta interina Delcy Rodríguez anunció una amnistía para todos aquellos que se hubieran opuesto al poder estatal desde 1999, es decir, tras la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de la República.

En febrero, los asesores y el personal médico cubanos abandonaron Venezuela. Se interrumpieron los envíos humanitarios de petróleo a la isla, lo que agravó considerablemente la crisis energética en Cuba. En mayo, Venezuela extraditó a EE. UU. a Alex Saab, quien durante muchos años había ayudado a eludir las sanciones impuestas por Occidente y había ocupado el cargo de ministro.

Cabe destacar que, cuando se hizo pública su detención, las autoridades respondieron a las consultas de los medios con un silencio sepulcral, mientras que quienes seguían apoyando al Gobierno afirmaban que se trataba de rumores absurdos.

En julio, tras el terremoto, llegaron al país personal militar y técnico procedente de EE. UU. e Israel. Los dirigentes venezolanos ya no hablan del apoyo a Palestina.

En su lugar, se anunció el restablecimiento de las relaciones con Israel. De hecho, se ha interrumpido la colaboración con Irán. Cabe recordar que Hugo Chávez denominaba la relación con la República Islámica como el «Eje del Bien», que se opone al «Imperio del Mal», es decir, a EE. UU.

Casi al mismo tiempo que se anunciaba este acuerdo y se aprobaba en la Asamblea Nacional de Venezuela, Donald Trump y Delcy Rodríguez declararon que aún es pronto para celebrar elecciones en Venezuela.

Es evidente que a Washington le conviene plenamente un régimen tan dócil. Cabe esperar que, a continuación, surja la exigencia de establecer bases militares con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, para lo cual habrá que modificar la Constitución de la República.

Por su parte, Rodríguez es consciente de que difícilmente se mantendrá al mando tras las elecciones, ya que con sus acciones está desacreditando por completo el legado de Chávez y Maduro. Es más, si la oposición obtiene la mayoría, la actual jefa de Estado en funciones y otras figuras del establishment podrían acabar en el banquillo de los acusados.

Por lo tanto, los comentarios sobre la falta de preparación para las nuevas elecciones parecen ser el resultado de un acuerdo entre la Casa Blanca y las autoridades venezolanas. Y si en Washington cuentan con nuevas adquisiciones en el marco de su nueva política exterior —que define a toda América Latina como una zona de interés directo para EE. UU.—, en Caracas reina el miedo más elemental a perder el poder.

Por cierto, por eso Rodríguez también está retrasando el cumplimiento de una serie de exigencias por parte de EE. UU., como, por ejemplo, la liberación de presos. Necesita mantener en su mano las bazas para seguir negociando.

En cuanto a la geopolítica petrolera, aquí ha influido claramente el factor iraní. El plan inicial de los estadounidenses de derrocara la República Islámica y establecer el control sobre los recursos de ese país fracasó.

Es más, la navegación por el estrecho de Ormuz, que constituye la principal vía de suministro de hidrocarburos desde los países del Golfo Pérsico, sigue paralizada.

Por lo tanto, Trump está intentando llevar a cabo una reorganización de los activos petroleros, al tiempo que espera obtener dividendos políticos en vísperas de las elecciones al Congreso de los Estados Unidos. Al tener bajo control las vastas reservas de petróleo venezolano, Washington obtendrá palancas indirectas de presión sobre aquellos países que lo necesiten.

No es de menospreciar que el secretario de Estado Marco Rubio contara anteriormente, en las elecciones al Congreso, con el apoyo de la empresa petrolera ExxonMobil y sea un lobista declarado de la misma. Es él quien, de hecho, dirige a distancia a Delcy Rodríguez a través de un servicio de mensajería y prohíbe a varios opositores clave regresar a Venezuela.

Teniendo en cuenta que el resto de países vecinos, que también son proveedores de petróleo (Colombia, Ecuador y Guyana), siguen la estela de Washington, la Casa Blanca podría consolidar estos activos. Además del factor petrolero, el Departamento de Estado utiliza activamente las cuestiones de seguridad en la región. Por consiguiente, es posible la creación de un bloque hipotético bajo control estadounidense que aísle a América Central de los países andinos y de la Amazonía.

Esta reorganización afectará claramente a la geopolítica de la región, que, debido a la injerencia externa, no puede llevar a cabo la integración en beneficio propio, a pesar de que las instituciones formales —como la CELAC, la UNASUR y el MERCOSUR — se crearon hace ya mucho tiempo.

No obstante, los ambiciosos planes de Washington, que sueña con una «Gran Colombia» bajo su control, pueden tropezar con numerosos obstáculos; no en vano, en la Casa Blanca se teme tanto la celebración de elecciones en Venezuela, que, además, requieren colosales inyecciones de dinero. Y no en vano, varios inversores no se apresuran a involucrarse en el mercado de una república inestable (en gran medida debido a los esfuerzos de EE. UU.), donde la situación puede volver a agravarse radicalmente en cualquier momento.