El rearme europeo se presenta como una necesidad histórica, casi un imperativo moral. Rusia, Ucrania, la incertidumbre estadounidense, la fragilidad de la Alianza Atlántica, el regreso de la guerra convencional al continente: todos estos factores se invocan para explicar por qué los estados europeos deben aumentar su gasto militar.

Pero tras este discurso subyace otro movimiento, menos evidente y mucho más concreto: la transformación del miedo en un producto financiero.

La guerra ya no es dominio exclusivo de los estados mayores, los ministerios de defensa y las industrias armamentísticas. Se ha convertido en un mercado. En mayo de 2025, BlackRock lanzó un fondo cotizado dedicado a la defensa europea, diseñado para seguir el rendimiento de las empresas que se benefician de la nueva carrera armamentística. La misma gestora de activos indica el 23 de mayo de 2025 como fecha de lanzamiento del fondo y lo vincula a un índice europeo centrado en la defensa.

Este no es un caso aislado. En 2026, BNP Paribas anunció que había acelerado su apoyo al sector de la defensa con 6.500 millones de euros adicionales en inversiones y 2.000 millones de euros en financiación. Al mismo tiempo, el banco francés revisó su política sobre las llamadas armas controvertidas, adaptándola al nuevo clima político e industrial europeo.

Aquí reside el quid de la cuestión política. El rearme europeo lo financian los Estados y, por lo tanto, los contribuyentes. Sin embargo, los beneficios son acaparados por bancos, fondos, gestores de activos, grandes grupos industriales e intermediarios financieros. La seguridad se convierte así en un círculo vicioso: el presupuesto público se endeuda, la industria privada recibe pedidos, las finanzas transforman estos flujos futuros en instrumentos de inversión y se anima a la opinión pública a considerar todo esto como patriotismo.

El caso de BPCE es un claro ejemplo. En 2025, el grupo bancario francés emitió un bono de 750 millones de euros destinado al sector de defensa, con una demanda que alcanzó los 2.800 millones de euros, casi cuatro veces la cantidad ofrecida. Los fondos se destinan a financiar o refinanciar actividades en el sector militar.

La lección es sencilla: el rearme no solo moviliza fábricas y arsenales, sino también mercados. Cada promesa de aumento del gasto militar se convierte en una garantía implícita para los inversores. Cada plan de defensa plurianual se convierte en una previsión de ingresos. Cada advertencia sobre la amenaza rusa se convierte en una herramienta para convencer a parlamentos y ciudadanos de que acepten recortes en otros ámbitos.

Por eso, la cuestión no es si Europa debe defenderse, sino quién dirige el proceso, quién lo financia, quién se beneficia de él y quién paga los gastos.