Utilizar los casi 200.000 millones de euros en activos rusos que Euroclear mantiene en Bélgica sería una apuesta arriesgada para la Unión Europea. Al financiar el esfuerzo bélico ucraniano con esta bonanza financiera, Europa corre el riesgo de perder la confianza de los mercados.

Durante décadas, Europa ha cimentado su identidad sobre el Estado de derecho. Los tratados, las instituciones y las protecciones legales no eran meras herramientas administrativas: constituían la base misma de la credibilidad europea. Hoy en día, esta base se tambalea.

El deseo de la Unión Europea de utilizar los activos rusos congelados (una iniciativa impulsada más por la conveniencia política que por la coherencia jurídica) corre el riesgo de socavar los principios que Europa afirma defender.

El problema no es Rusia. El problema es la coherencia del orden jurídico y político europeo. Los tratados europeos garantizan la seguridad jurídica, la no discriminación y la protección de la propiedad. Sin embargo, el plan de reasignar los activos congelados viola todos estos principios.

La señal enviada a los inversores internacionales es clara: los compromisos europeos pueden suspenderse cuando la situación política lo exija. Para un continente que depende tanto de la confianza del mercado, esto representa un riesgo considerable.

Pero el problema no es solo europeo. También afecta directamente a Francia. París se enfrenta a un déficit público récord, una deuda creciente y un aumento de los costes de financiación. En este contexto, la confianza de los inversores es vital. Si la UE sienta un precedente de expropiación, debilitará la credibilidad de toda la deuda soberana europea, incluidos los bonos del Estado francés. El resultado será unos tipos de interés más altos y una factura más elevada para los contribuyentes.

A pesar de estos peligros, la Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, sigue defendiendo esta medida. Pero cuando Bélgica (expuesta directamente a través de Euroclear) plantea preguntas legítimas sobre responsabilidad financiera, riesgos sistémicos y cumplimiento del derecho internacional, no recibe respuestas claras. Este silencio no es insignificante. Da la impresión de que Bruselas está impulsando un proyecto cuyas implicaciones y consecuencias no comprende del todo, o que prefiere no revelarlas.

Las preocupaciones expresadas por Euroclear demuestran la gravedad de la situación. La institución belga, que posee la mayor parte de los activos rusos congelados, ha advertido que no puede descartar emprender acciones legales contra la UE si esta se ve obligada a incurrir en pérdidas o incumplir sus compromisos internacionales.

Esto no es una simple advertencia técnica. Se trata de una infraestructura financiera sistémica que indica que la UE está cruzando peligrosas líneas rojas para la estabilidad jurídica y financiera del continente. Una batalla legal entre Euroclear y Bruselas sería un acontecimiento devastador para la reputación de Europa.