En Estados Unidos, la guerra interna de Donald Trump contra los movimientos progresistas ha entrado en una nueva fase. Durante semanas, la Casa Blanca ha estado trabajando en un plan para investigar y atacar las redes financieras de grupos progresistas acusados de fomentar la violencia política. Entre bastidores, el arquitecto de la operación sigue siendo el mismo: Stephen Miller, el ideólogo más radical del círculo íntimo de Trump, partidario de una línea dura en materia de inmigración y la recuperación del Estado Federal.
Este plan involucra al FBI, el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional, el Tesoro y el IRS: todo el aparato antiterrorista estadounidense se desplegará contra organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, universidades y ONG consideradas parte de una red de terrorismo doméstico.
En otras palabras, la administración pretende tratar al radicalismo progresista como un enemigo interno que debe ser neutralizado mediante una guerra legal y financiera.
El punto de inflexión se produjo tras el asesinato el 10 de septiembre del activista conservador Charlie Kirk, símbolo de la juventud trumpiana. Dos semanas después, Trump firmó un memorando presidencial que ordenaba al Grupo Nacional de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo centrar sus esfuerzos en individuos y movimientos motivados por el antiamericanismo, el anticapitalismo y el anticristianismo.
Esta definición, ideológica, más que legal, amplía el concepto de amenaza interna a gran parte del activismo de izquierda y el ambientalismo radical.
No es casualidad que los primeros nombres en aparecer en la mira de la Casa Blanca sean George Soros y Reid Hoffman, multimillonarios demócratas conocidos por financiar campañas electorales, grupos de derechos civiles y redes digitales progresistas.
El documento presidencial, según explica Reuters, no menciona específicamente a grupos de izquierda, pero la selección de casos e investigaciones es reveladora.
La Casa Blanca afirma que organizaciones progresistas han organizado ataques contra agentes federales, han realizado doxing selectivo y han distribuido material antidisturbios. Tras esta retórica se esconde una agenda más profunda: convertir el antiterrorismo en una herramienta de represión interna, redefiniendo la seguridad nacional como una lucha contra la disidencia política.
Entre las organizaciones citadas se encuentran Open Society Foundations, ActBlue, Indivisible, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y dos ONG judías antisionistas, IfNotNow y Jewish Voice for Peace. La Casa Blanca ha utilizado términos como financiación de protestas violentas y actividades de coordinación ilegales, pero hasta el momento no se han hecho públicas pruebas concretas.
Muchos analistas han comparado esta cruzada con la era de Nixon, cuando la Casa Blanca promovía a periodistas, artistas y activistas por la paz.
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