Estimados lectores, en la gran traducción del día les traemos un artículo del Dr. Ehsan Movahedian en The Cradle. Ahora el foco puesto en el Caspio:

Al reactivar un tratado del Caspio que llevaba mucho tiempo estancado en medio de una guerra regional, Teherán corre el riesgo de ceder la ventaja en materia de tránsito que sus adversarios llevan años intentando neutralizar.

La semana pasada, el Consejo de Ministros de Irán reactivó uno de los expedientes regionales más polémicos del país al aprobar un proyecto de ley para ratificar la Convención de 2018 sobre el Estatuto Jurídico del Mar Caspio. El acuerdo había permanecido estancado durante ocho años debido a graves objeciones de carácter jurídico, de seguridad y económico.

Su repentina reaparición, mientras Irán se encuentra inmerso en una guerra prolongada con EE. UU. e Israel, plantea una pregunta urgente: ¿por qué renunciar a la influencia estratégica precisamente en el momento en que el país más la necesita?

La decisión no puede considerarse una mera cuestión jurídica. Se enmarca en la ruta energética transcaspiana, el denominado Corredor de Zangezur en Azerbaiyán, y su prolongación prevista a través de Armenia bajo el nombre de «Ruta Trump».

En conjunto, estos proyectos conforman un corredor integrado Este-Oeste que elude a Irán, lo priva de sus ventajas geoeconómicas y refuerza un cerco geopolítico que ya está tomando forma a lo largo de su frontera noroeste.

Rusia ha presionado a Teherán para que actúe con rapidez. En diciembre, el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, expresó públicamente su esperanza de que Irán ratificara la convención antes de la próxima cumbre del Caspio, prevista en Teherán para agosto de 2026.

Irán es el único Estado ribereño que aún no ha completado la ratificación. Ese calendario diplomático puede explicar la prisa del Gobierno, pero no responde a las objeciones que mantuvieron el acuerdo fuera del Parlamento durante años.

Vuelve un tratado controvertido

La convención fue firmada por Irán, Rusia, Azerbaiyán, Kazajistán y Turkmenistán en la Quinta Cumbre del Caspio, celebrada en Aktau en agosto de 2018. Los especialistas iraníes en derecho internacional, seguridad nacional y economía cuestionaron de inmediato sus disposiciones técnicas, jurídicas, militares y económicas. 

El Parlamento denegó su aprobación definitiva y el expediente permaneció en suspenso durante ocho años. El Gobierno del presidente iraní Masoud Pezeshkian lo ha vuelto a someter ahora a la vía legislativa, a pesar de las objeciones jurídicas, de seguridad y económicas que impidieron su ratificación en un primer momento.

La convención, en sí misma, no asigna un porcentaje fijo del mar Caspio a cada país. Esa cuestión políticamente explosiva sigue estando sujeta a acuerdos separados sobre las líneas de base y la delimitación del lecho marino y el subsuelo. Sin embargo, los críticos temen que aceptar el nuevo marco debilite la posición de Irán en dichas negociaciones.

Ahmad Bakhshayesh Ardestani, miembro de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento, declaró a Tabnak que el Parlamento debería exigir al Gobierno que establezca la cuota de Irán antes de aprobar el proyecto de ley.

«El Gobierno debería tratar de garantizar la cuota del 20 % que corresponde a Irán en virtud del régimen jurídico del Caspio, tras lo cual el asunto debería someterse al Parlamento para su aprobación», afirmó. Según las estimaciones citadas por el diputado, la cuota actual de Irán se sitúa entre el 9 % y el 13 %.

Ardestani añadió: 

«Por supuesto, cabe señalar que aumentar la cuota de Irán al 20 % podría encontrar objeciones por parte de algunos Estados ribereños, incluida la República de Azerbaiyán, ya que las cuotas de los países son objeto de controversia en función de la longitud de la costa y las condiciones geográficas. No obstante, dada la ubicación costera de Irán, una cuota del 20 % podría considerarse aceptable».

Una decisión tomada en tiempos de guerra y en la más absoluta oscuridad

El Dr. Shoaib Bahman, especialista en Eurasia, cuestiona tanto el momento como el procedimiento:

«El Gobierno de Pezeshkian ha ratificado este convenio en un momento en que Irán se encuentra inmerso en una guerra híbrida decisiva. En un contexto así, en el que mantener la unidad nacional es una necesidad vital, plantear una cuestión tan divisiva resulta cuestionable.

Lo que resulta aún más peculiar es que el Gobierno haya anunciado que la cláusula relativa a las negociaciones sobre la delimitación del lecho marino y el subsuelo (que contienen vastas reservas de petróleo y gas) se ha retirado temporalmente del orden del día. Sin embargo, un tratado internacional de tal importancia debe aceptarse o rechazarse en su totalidad; dividir sus distintas partes carece de validez jurídica e indica un proceso de toma de decisiones poco transparente».

Antes de la convención de 2018, Teherán se basaba en sus tratados de 1921 y 1940 con Moscú como fundamento histórico de sus derechos sobre el Caspio. Dichos acuerdos consideraban la vía navegable como un mar de amistad y uso común entre Irán y la Unión Soviética, sin establecer límites marítimos. El colapso de la Unión Soviética dio lugar a cuatro Estados ribereños sucesores e hizo necesario un nuevo acuerdo, pero el marco de Aktau fue mucho más allá de una simple actualización técnica.

Bahman sostiene que el preámbulo de la convención sustituye de hecho a los tratados anteriores y deja de lado los documentos en los que Irán había basado sus reivindicaciones. Recuerda el despliegue que llevó a cabo Teherán en 2001 de aviones de combate sobre un buque de exploración fletado por BP que operaba para Azerbaiyán en aguas reivindicadas por Irán. El buque se retiró. Desde entonces, Irán se ha resistido a una división por la línea mediana que, según los críticos, podría dejarlo con solo entre el 7 % y el 13 % del Caspio.

Garantías de seguridad con peligrosas lagunas

La convención establece un régimen jurídico especial, en lugar de someter el mar Caspio directamente a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (CNUDM). Cada Estado dispone de hasta 15 millas náuticas de aguas territoriales, seguidas de una zona de pesca exclusiva de 10 millas náuticas, mientras que la superficie restante se designa como espacio marítimo común.

En declaraciones a The Cradle, el Dr. Hamid Hakim, miembro del cuerpo docente de la Universidad Allameh Tabatabai de Teherán, afirma:

«Esta estructura podría aumentar la presencia de buques militares de los Estados ribereños a distancias relativamente cercanas a las costas de Irán; una cuestión que, dada la densidad de población de las provincias del norte y la proximidad de esta zona a Teherán y a algunos centros sensibles del país, merece ser considerada desde una perspectiva de seguridad nacional».

Por otra parte, cabe señalar que la convención prohíbe la presencia de fuerzas armadas de Estados no ribereños en el mar Caspio, y uno de sus principios básicos es impedir el despliegue de fuerzas militares extranjeras en esta masa de agua. Estas protecciones son importantes, pero, como argumenta Hakim:

«Esta prohibición no descarta necesariamente todas las formas de cooperación en materia de inteligencia, técnica o logística entre los Estados ribereños y los gobiernos no ribereños; por lo tanto, sigue existiendo la posibilidad de que surjan retos de seguridad. Por ejemplo, incluso buques israelíes podrían aparecer en esta zona bajo pabellón de Azerbaiyán y suponer un desafío para la seguridad de Irán. Además, la convención solo prohíbe a los Estados no ribereños llevar a cabo «acciones militares» contra los Estados ribereños, no el «tránsito»; esta laguna jurídica deja la puerta abierta al espionaje y a la presencia militar indirecta de estos países en el Caspio».

Apertura de la ruta transcaspiana

Las consecuencias económicas son aún más directas. El artículo 14 permite el tendido de gasoductos y cables submarinos a lo largo de rutas acordadas únicamente por los Estados cuyos sectores atraviesen, siempre que se cumplan los requisitos medioambientales. Por lo tanto, Irán y Rusia perderían la capacidad de bloquear un gasoducto entre Turkmenistán y Azerbaiyán simplemente negando su consentimiento.

Desde una perspectiva económica, el artículo 14 de la convención puede calificarse de auténtico «autodaño geoeconómico».

Según el Dr. Mohammad Mehdi Hajian, miembro del cuerpo docente de la Universidad Allameh Tabatabai, «Anteriormente, ningún Estado ribereño podía construir gasoductos en el lecho marino del Caspio debido a disputas jurídicas, y este obstáculo servía de poderosa palanca para que Irán y Rusia se beneficiaran de las rutas de tránsito energético. Sin embargo, con la ratificación de este convenio, se permitirá a Turkmenistán y Kazajistán, sin la participación de Irán ni de Rusia, construir gasoductos en el lecho del Caspio y suministrar su gas directamente a Azerbaiyán, y desde allí a Europa e Israel».

Hajian añade:

«Se trata del conocido proyecto del gasoducto transcaspiano, que llevaba años estancado debido a la oposición medioambiental y geopolítica de Irán y Rusia. Ahora, con esta ratificación, esa ruta queda abierta, e Irán no solo pierde enormes ingresos por tránsito, sino que además, dado el patrón de circulación del mar Caspio que transporta la contaminación hacia las costas meridionales —es decir, hacia Irán—, cualquier fuga de estos gasoductos supondría una catástrofe medioambiental para Irán».

El eslabón perdido del corredor 

Aquí es donde el acuerdo del Caspio enlaza con el denominado «Corredor de Zangezur» y la «Ruta de Trump». El primero se está desarrollando a través de Azerbaiyán y Najicheván; el segundo continuaría por la provincia armenia de Syunik, a lo largo de la frontera con Irán. La red prevista no se limita a carreteras y ferrocarriles. También puede albergar gasoductos, líneas eléctricas e infraestructura digital.

El Dr. Ahmad Kazemi, de la Universidad Islámica Azad, sostiene que el gas que llega a Bakú a través de un gasoducto transcaspiano podría luego desplazarse hacia el oeste a través de esta red sin pasar por territorio iraní:

«El gas procedente de Turkmenistán y Kazajistán, que llega a Bakú a través del gasoducto transcaspiano, puede exportarse a Europa a través de la Ruta de Trump y el Corredor de Zangezur sin necesidad de pasar por territorio iraní. En otras palabras, la ratificación de la Convención del Caspio proporciona el eslabón que faltaba para completar el corredor energético deseado por Occidente y cumple exactamente con lo que persigue Trump: privar a Irán de su papel de tránsito y de corredor, al tiempo que se refuerza la ruta alternativa respaldada por Occidente y sus aliados regionales. Este escenario está diseñado para asfixiar geopolíticamente a Irán y, al aprobar esta convención, Irán contribuye inadvertidamente a su avance».

Kazemi advierte: 

«Con la puesta en marcha de estos tres proyectos, las fuerzas de la OTAN, Israel, los separatistas panturcos y los takfiris obtendrán fácilmente acceso a las fronteras de Irán, China y Rusia, amenazando la seguridad y la integridad territorial de estos tres países —una cuestión que cobra relevancia en el contexto del enfrentamiento más amplio entre EE. UU. y la OTAN, por un lado, y estas tres grandes potencias orientales, por otro, en la lucha por la hegemonía mundial».

El historial sin respuestas

La opacidad que rodea a decisiones anteriores relativas al mar Caspio agrava estas preocupaciones. Bahman señala dos episodios anteriores a la firma de 2018:

«En primer lugar, la concesión a Azerbaiyán de una participación del 50 % en el yacimiento petrolífero de Alborz, en el mar Caspio —un yacimiento sobre el que Irán tenía reivindicaciones históricas de soberanía, pero la mitad del cual fue cedido a la otra parte de la noche a la mañana sin explicación alguna».

«El segundo fue la sospechosa retirada de la plataforma semisumergible Amir Kabir (conocida como Sardar Jangal) del mar Caspio —una plataforma que, según el derecho internacional, podría haber servido como punto de referencia para las líneas de base costeras de Irán y haber asegurado una mayor parte del Caspio para el país, pero que, por razones desconocidas, fue retirada un año antes de la firma de este convenio».

Explica que «estas dos acciones crearon una atmósfera de secretismo y de acuerdos entre bastidores, que, lamentablemente, se vio agravada por el hecho de que Irán no publicara el texto de la convención hasta su divulgación definitiva».

Irán no puede renunciar a su ventaja negociadora 

La aprobación del Consejo de Ministros no supone la entrada en vigor de la convención para Irán.

El proyecto de ley aún debe ser aprobado por la Asamblea Consultiva Islámica, y las cuestiones pendientes relativas a las líneas de base y los límites del lecho marino requerirán nuevas negociaciones. Por lo tanto, el Parlamento conserva tanto la autoridad como la obligación de examinar lo que el Gobierno está pidiendo al país que ceda. 

Sus defensores presentan la convención como un marco para la seguridad, el transporte marítimo, la pesca, la protección del medio ambiente y la cooperación entre los cinco Estados ribereños. Sin embargo, no se puede evaluar ningún beneficio institucional más allá del mapa del corredor que se está configurando en torno a Irán.

La ruta transcaspiana debilita su influencia en materia energética; las rutas de Zangezur y Trump eluden su territorio; y las potencias extranjeras obtienen un nuevo acceso económico y de seguridad a su frontera norte.

Teherán no debería facilitar esa arquitectura a cambio de un plazo para la cumbre de agosto o de la presión diplomática de Moscú. Como mínimo, debe aclarar las líneas de base, preservar su posición en las negociaciones sobre el lecho marino, exigir garantías de seguridad exigibles y someter las disposiciones relativas al gasoducto a un examen público y parlamentario exhaustivo.

Los adversarios de Irán llevan años construyendo rutas destinadas a convertir al país en prescindible. Que el propio Irán proporcionara el fundamento jurídico que falta iría más allá de la negligencia. En medio de una guerra por el futuro de la región, renunciar mediante la firma a una influencia geopolítica insustituible equivaldría a un suicidio estratégico.