La solicitud del Gobierno de Trump de desestimar los cargos civiles contra Delcy Rodríguez no es simplemente una decisión legal. Es, sobre todo, un acto político. Washington ha establecido que la presidenta venezolana, como jefa de Estado en funciones, goza de inmunidad ante los tribunales estadounidenses.

Pero detrás de la invocación del derecho internacional subyace una elección mucho más concreta: Estados Unidos necesita un interlocutor estable en Caracas y no pretende permitir que un tribunal de Florida obstaculice el nuevo acercamiento.

El Departamento de Estado reconoce a Rodríguez como Presidenta de Venezuela desde marzo, tras la captura de Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses el 3 de enero. Sobre esta base, solicitó al Departamento de Justicia que interviniera en el proceso iniciado en el Distrito Sur de Florida, donde tres ciudadanos estadounidenses, previamente detenidos en Venezuela, acusan a líderes chavistas clave de secuestro, tortura y actos de terrorismo.

La contradicción es evidente. El mismo Estados Unidos que capturó a Maduro y continúa procesándolo en Nueva York por narcotráfico internacional ahora reconoce la inmunidad de su principal sucesora política. Esto no se debe a que su valoración del sistema venezolano haya cambiado, sino a que las prioridades estadounidenses han variado.

El gobierno enfatizó que continuar con el caso podría tener consecuencias significativas para la política exterior estadounidense. Esta formulación diplomática es bastante simple: el proceso judicial corre el riesgo de poner en peligro el diálogo con Caracas.

El sistema judicial estadounidense se enfrenta así al límite tradicional impuesto por las preocupaciones de seguridad nacional. Las acusaciones presentadas por ciudadanos estadounidenses pueden ser graves, estar bien documentadas y resultar políticamente comprometedoras, pero pasan a un segundo plano cuando entran en conflicto con los intereses estratégicos de la Casa Blanca.

La solicitud de inmunidad surgió tras una petición de la embajada venezolana, que solicitó a Washington que certificara oficialmente la condición de Rodríguez. El 20 de julio, la fiscalía federal solicitó el sobreseimiento de los cargos contra el presidente.

La semana anterior, un juez había ordenado el pago de aproximadamente 314 millones de dólares en concepto de indemnización a los demandantes. Rodríguez y su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, ya habían sido excluidos de la sentencia. La nueva intervención del gobierno busca ahora cerrar cualquier vía legal restante.