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La Dinamarca progresista también expulsa inmigrantes

3–4 minutos

Es correcto proteger a nuestros países en lugar de proteger a extranjeros delincuentes. Esta declaración no provino de la derecha, o al menos no exactamente de ese sector de la derecha. La pronunció Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca y una firme socialdemócrata.

Recordemos el inicio: el gobierno danés anunció que, a partir de mayo, los extranjeros condenados a al menos un año de prisión por delitos graves (violación, agresión con agravantes, lesiones graves) serán deportados una vez cumplida su condena.

Esto ya no será una cuestión que se deje casi exclusivamente a la discreción de los jueces caso por caso, sino una directiva clara, consagrada en la ley.

Hasta ahora, la deportación no era automática. Dinamarca, al igual que otros Estados europeos, está sujeta al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege la vida privada y familiar y prohíbe los tratos inhumanos o degradantes.

Estos principios son sagrados, pero en la práctica, a menudo han dado lugar a largos litigios y han permitido que personas permanezcan en el país, incluso aquellas que han cometido delitos graves. El gobierno danés considera que esta situación ha creado una desconexión entre la ley escrita y la percepción pública de la justicia.

Mette Frederiksen optó por no esconderse tras tecnicismos. Afirmó que el gobierno pretende actuar de forma poco convencional, modificando directamente la legislación en lugar de esperar a que cada caso individual se examine mediante largos recursos e interpretaciones. Este enfoque podría ser contrario al marco jurídico europeo, y Copenhague lo sabe.

La postura restrictiva de Dinamarca no empezó ayer. Desde 2019, el gobierno socialdemócrata ha restringido progresivamente el acceso al asilo, ha enfatizado el carácter temporal de la protección, ha endurecido las normas de reunificación familiar y ha aumentado los incentivos para el retorno voluntario. La matriculación en guarderías se ha desplomado a niveles históricamente bajos.

En el discurso de Frederiksen, hay un punto que toca una fibra sensible europea recién descubierta, que se debate acaloradamente aquí en Italia: la relación entre la inmigración y el estado del bienestar.

Una afluencia sin control ejerce presión sobre los servicios y la cohesión social, sobrecargando aún más las arcas estatales, que, contrariamente a cierta retórica, no se sustentan fiscalmente con la inmigración.

Nos enfrentamos a un debate que la izquierda continental ha evitado durante mucho tiempo, por temor a que legitimara las consignas de sus oponentes.

En Dinamarca, sin embargo, este debate se ha integrado en el movimiento socialdemócrata. Porque la seguridad no es prerrogativa exclusiva de los votantes de derecha o izquierda, sino un derecho garantizado por la Constitución para todos los ciudadanos y contribuyentes.

Finalmente, es necesario presentar un argumento puramente jurídico que confronta a los gobiernos europeos con las limitaciones de sus propias infraestructuras: desarrollamos normas para un mundo que funcionaba de forma muy precisa, pero el error fue no considerar circunstancias excepcionales.

Cualquier plan rutinario tiene el inconveniente de ser demasiado rígido e incapaz de adaptarse a situaciones más complejas. Esta inflexibilidad ha llevado al poder judicial a usurpar poderes que exceden los que inicialmente se le otorgaron.

Hoy, debemos tener la valentía secular de asumir estas convenciones y leyes y reformarlas. La política debe recuperar su papel más íntimo como legislador principal, definiendo claramente nuevas áreas que permitan la simplificación jurídica. Esto no puede dejarse exclusivamente en manos de la derecha soberanista, ya que ello implicaría una división social demasiado profunda entre las instituciones.

Es esencial establecer este concepto de una vez por todas para que dicha acción sea posible y tenga efectos pragmáticos: hay que frenar la inmigración irregular, quienes cometen delitos no pueden formar parte del contrato social, y nuestra infraestructura jurídica debe, sobre todo, garantizar la seguridad de los ciudadanos europeos, tanto presentes como futuros.


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