Un informe técnico del Pentágono sostiene que, a partir de la gestión de Pete Hegseth, operativamente se dejó de lado la mitigación de daños de civiles en zonas de conflicto.

La revelación la dio el medio The Intercept, el cual afirma:

El informe del inspector general, de 43 páginas, detalla los continuos esfuerzos por obstaculizar la protección de los civiles en zonas de guerra, señalando que los componentes del Departamento de Guerra pusieron fin a la financiación de la plataforma de gestión de datos CHMR, dejaron de celebrar reuniones del Comité Directivo, perdieron o reasignaron a gran parte del personal dedicado a CHMR y perdieron personal y liderazgo en el Centro de Excelencia, que se centra en la formación y el empleo de herramientas para prevenir bajas civiles.

Esto implicaría, entre otras consecuencias, que aumenta el peligro para las poblaciones civiles de países que son objetivos de ataques por parte de las fuerzas militares estadounidenses ya que, en los planes de las operaciones, no se contemplaría el factor civil y todos, civiles, militares, políticos y terroristas, entrarían en el mismo círculo de fuego.

Presuntamente, ya no habría daños colaterales, refiriéndose a civiles que fueron heridos o asesinados por operaciones militares estadounidenses, sino que cualquier baja de civil, en el contexto de una operación militar del Pentágono, sería considerada en el rango de objetivos.  

Esta preocupación ha llegado a activistas y organizaciones de derechos civiles en los Estados Unidos y en Inglaterra y estos planean una campaña de presión para que se aclara, se revise o se enmienda cualquier confusión, brecha, laguna o medida que no estén inscriptas dentro de las legislaciones federales y del orden jurídico internacional.

Esto también explicaría los asesinatos de 168 niñas en la escuela en Minab (Irán), que sucedió el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel lanzaron conjuntamente un ataque militar contra Irán.

Las informaciones solventes, tanto estadounidenses como extranjeras, se refieren a que las niñas iraníes fueron asesinadas por los EE.UU.

Pero también esto explicaría las denuncias de institutos de investigadores, como es el caso del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que indican que el programa de bombardeo antidrogas, que lleva a cabo la dirección de Hegseth, en el Caribe, mató a un número significativo de civiles que no tendrían ninguna vinculación con el narcotráfico.

De acuerdo con el CLIP, más de 181 personas han sido asesinadas en casi 50 ataques kinéticos del Comando Sur, que violan el derecho a un juicio justo —uno de los pilares fundamentales de los derechos humanos—, y destruyen cualquier evidencia que permitiera determinar la naturaleza, el origen o el destino de estas embarcaciones.

También hay, al menos, una demanda judicial contra la administración de Donald Trump en la Corte Federal de Massachusetts por las familias de dos hombres que eran ciudadanos de Trinidad y Tobago y que fueron asesinados, el 19 de octubre, por un ataque militar del Pentágono en el marco de la lucha del Washington de Trump contra el narcoterrorismo.

La demanda asegura que estos dos hombres no participaban en ningún negocio delictivo relacionado con el narcotráfico.

Sea como sea, y nosotros, en este artículo, no emitimos una opinión sobre asuntos que desconocemos, pero sí subrayamos estos hechos militares estadounidenses, asesinatos y denuncias posteriores que acusan a Hegseth, a sus oficiales de alto rango y al mismo presidente Trump de bombardear y matar deliberadamente a civiles en distintos entornos internacionales.