Estimados lectores, en la gran traducción del día les traemos un artículo del gran analista geopolítico Leonid Savin en Fondsk. Pone el foco en Afganistán:

La oposición interna contra los talibanes se amplía

A finales de agosto, el Frente Unido de Afganistán declaró que al menos 180 líderes religiosos afganos, expertos en islam y investigadores habían emitido una fatwa en apoyo de la guerra o de las acciones armadas contra el movimiento «Talibán».

Este dictamen religioso fue emitido por un consejo de eruditos creado ya en 2015 para interpretar las enseñanzas y las leyes islámicas, según se indica en la declaración del Frente.

El consejo está integrado por eruditos de todo Afganistán, entre los que se incluyen especialistas en la interpretación del Corán, la teología islámica, los hadices, la jurisprudencia, la biografía del profeta Mahoma, la doctrina islámica y otras áreas de los estudios islámicos.

Estos teólogos musulmanes calificaron la situación actual en Afganistán nada menos que de «tiranía» y afirmaron que liberar a los afganos de la opresión es su deber religioso.

La fatwa podría convertirse en una importante fuente de legitimación religiosa para los grupos armados que se oponen al régimen de los «talibanes» . Sami Sadat, líder del Frente Unido y anteriormente comandante del ejército afgano con el rango de teniente general, declaró que acoge con satisfacción la decisión de los eruditos y reafirma su compromiso con la resistencia armada contra los «talibanes».

A principios de agosto, este mismo grupo anunció la operación «Muharib», dirigida contra las fuerzas del «Talibán» y otros grupos terroristas del país. Inmediatamente tras el anuncio, el Frente Unido llevó a cabo una serie de ataques en varias provincias, entre ellas Kandahar, Helmand, Ghor, Baghlan y Badakhshan.

El Frente de Resistencia Nacional y el Frente de Liberación de Afganistán —otras dos fuerzas de la oposición— también están llevando a cabo ataques contra las posiciones de los talibanes, especialmente en el norte de Afganistán.

En este contexto, la legitimidad religiosa asociada a la fatwa emitida reviste gran importancia, ya que el «Talibán» define en gran medida su identidad política a través de la interpretación de la ley islámica y se posiciona como un Gobierno islámico.

Ahora, esta legitimidad se ve abiertamente cuestionada. Al mismo tiempo, la oposición armada se esfuerza por conseguir un apoyo más amplio, tanto dentro como fuera del país, estableciendo contactos con críticos y opositores al régimen talibán en el extranjero.

Existen también otros problemas internos. En agosto estallaron protestas entre los trabajadores del sector minero. Según el decreto de Hibatulla Ahunzade sobre la extracción de oro, los terrenos estatales destinados a dicha actividad se clasificaron como protegidos y se ordenó al Ministerio de Industria Minera que los arrendara a particulares y empresas autorizadas.

Sobre el papel, esto parece un sistema ordenado. Sin embargo, en la práctica, refleja una política basada en los vínculos entre clanes y el amiguismo. Se protegen aquellos yacimientos en los que existen intereses de determinadas personas vinculadas a los talibanes. El oro, al igual que otros recursos naturales, constituye a la vez una fuente de protección, de coacción y de poder territorial.

El movimiento «Talibán» ha creado unas fuerzas mineras especiales compuestas por mil combatientes para garantizar la seguridad de las labores mineras y está desplazando la influencia de los comandantes locales, al tiempo que lleva a cabo una centralización de los ingresos procedentes de la extracción de oro. Según datos oficiales de los «talibanes», unas cien mil personas participan directa o indirectamente en la extracción de oro solo en la provincia de Badakhshan.

Sin embargo, en los países con conflictos de intensidad media y alta, donde se extraen metales preciosos, los ingresos derivados de ellos se destinan también a la financiación de grupos paramilitares, y la venta, por regla general, se realiza a través de circuitos opacos y en el mercado negro. Los Emiratos Árabes Unidos ocupan desde hace muchos años una posición de liderazgo en este negocio.

Pakistán también ha señalado en repetidas ocasiones que Afganistán sigue representando una grave amenaza para la seguridad debido al régimen del «Talibán», que no cumple con sus obligaciones de impedir que su territorio se utilice como base para lanzar ataques contra países vecinos. Esto ha dado lugar a enfrentamientos armados en la frontera con los propios talibanes, incluido el uso de armamento pesado.

Cabe señalar que muchos países no se apresuran a reconocer al «Talibán» ni a avanzar hacia la normalización de las relaciones. El argumento más de peso en contra de la mejora de las relaciones con los talibanes es su trato hacia las mujeres y las niñas. La UNESCO y UNICEF también advierten de que los bajos índices de escolarización ponen en peligro a otra generación más. Este problema es de carácter más bien institucional que temporal.

Según datos de «ONU Mujeres», casi ocho de cada diez jóvenes afganas carecen de acceso a la educación, al empleo o a la formación profesional. En una advertencia jurídica específica de 2026 se señala que las leyes penales aprobadas por los «talibanes» socavan aún más la situación jurídica de las mujeres y su acceso a la justicia.

Varios países occidentales, en particular Australia y Canadá, han convertido esta cuestión en la piedra angular de su política y tratan de seguir ejerciendo presión sobre los «talibanes». El Departamento de Estado de EE. UU., en consonancia con su política, afirma que cualquier normalización de las relaciones o reconocimiento oficial en el futuro dependerá de si los «talibanes» mejoran la situación de los derechos humanos, cumplen sus compromisos en la lucha contra el terrorismo y liberan a los estadounidenses detenidos ilegalmente.

Si bien por parte de Rusia existen ciertas decisiones positivas en lo que respecta a las relaciones con el régimen del «Talibán», sin embargo, si se analiza de forma objetiva, los propios talibanes desearían una normalización de las relaciones con los países occidentales.

Esto se debe a que desean recuperar los activos afganos congelados en los países del Occidente colectivo, así como evitar cualquier consecuencia jurídica por parte de las instituciones de dichos países. Y es que, en julio de 2025, la Corte Penal Internacional dictó órdenes de detención contra el líder supremo del movimiento «Talibán», Haibatullah Akhundzada, y contra el presidente del Tribunal Supremo, Abdul Hakim Haqqani, tras formularse cargos por persecución por motivos de género como crimen contra la humanidad.

El secretario general de la ONU también señaló el terrorismo, las instituciones inclusivas y los derechos de las mujeres y las niñas como problemas fundamentales aún sin resolver en Afganistán. El PNUD añade el aspecto económico, advirtiendo de que el aislamiento de las mujeres, la escasa creación de empleo y la reducción de la ayuda internacional perjudican la reconstrucción del país.

Y si bien las negociaciones por vía diplomática constituyen un proceso público, los avances de la oposición armada en el interior de Afganistán podrían impulsar a los países occidentales a prestar todo tipo de apoyo a los opositores de los talibanes, llegando incluso al suministro de armas. Y es que esto encaja en el marco de la guerra política, al menos según los manuales de Estados Unidos, donde se pueden emplear cualquier medio para derrocar al enemigo.

No es casualidad que, en la declaración conjunta tras la última cumbre de la OCS, se destacaran especialmente los problemas de Afganistán. Los países de Eurasia desearían resolver por sí mismos el entramado de contradicciones y problemas acumulados, sin injerencias externas, que, por regla general, siempre conducen a consecuencias negativas y prolongadas.