El atentado terrorista en Pahalgam, que dejó 26 turistas hindúes muertos en el valle de Baisaran, Jammu y Cachemira, apunta a Pakistán desde la perspectiva india, lo que lleva a considerar ataques quirúrgicos transfronterizos.

Los atacantes, ligados a «The Resistance Front» y Lashkar-e-Taiba, grupos terroristas con base en Pakistán, seleccionaron a sus víctimas por su religión, intensificando las tensiones.

India suspendió el Tratado de las Aguas del Indo, mientras Pakistán anuló el Acuerdo de Simla y amenazó con considerar restricciones de agua como actos de guerra.

El alto el fuego de 2021 podría colapsar pronto, y el primer ministro Modi prometió perseguir a los terroristas sin descanso.

El jefe militar pakistaní, Asim Munir, enfrenta riesgos y oportunidades. Podría usar la crisis para unificar a la nación tras el impopular golpe de 2022 contra Imran Khan, que desató inestabilidad. También podría presentar el atentado como una respuesta al ataque del Jaffar Express, atribuido a la India por Pakistán, alimentando la narrativa del ojo por ojo.

Además, Munir podría buscar desestabilizar Cachemira o dañar la imagen global de India como potencia emergente, disuadiendo inversiones.

Sin embargo, el atentado podría volverse en su contra. China y Arabia Saudí condenaron el ataque, y el apoyo de Rusia y Estados Unidos a India podría aislar a Pakistán. Las divisiones en Washington, donde la CIA respaldaría a Munir pero el Pentágono y el Departamento de Estado prefieren un gobierno civil, podrían complicar su posición.

Si Trump propone formalizar la Línea de Control como frontera para evitar una guerra nuclear, Munir podría resistirse, ya que el conflicto de Cachemira legitima el control militar en Pakistán, arriesgándose a más presión estadounidense.

Un informe del Washington Post sobre armas afganas de origen estadounidense usadas en el ataque al Jaffar Express atribuye el terrorismo a los talibanes y esas armas, pero omite las raíces del problema. Pakistán, acusado de apoyar a los talibanes durante años, comparte responsabilidad.

La corrupción o negligencia del establishment militar permitió el contrabando y venta de armas en bazares fronterizos, agravando el terrorismo desde 2022, cuando las fuerzas de seguridad se enfocaron en reprimir opositores en lugar de garantizar la seguridad nacional.