Jordania ha intensificado su estrategia de seguridad al prohibir la Hermandad Musulmana, una decisión que podría estabilizar el reino a corto plazo, pero que amenaza con alienar a sectores clave de la población y complicar la transición política antes de la sucesión del príncipe heredero.

El 23 de abril, el Gobierno jordano prohibió las actividades de la Hermandad, clausuró su sede, confiscó sus bienes y detuvo a varios de sus miembros. Este cambio, que rompe con la tolerancia previa hacia el grupo, responde a preocupaciones de seguridad y a la influencia transnacional de la Hermandad.

La sentencia de 2020 que declaró ilegal al grupo y el descubrimiento de la Célula 16 —una red vinculada a la Hermandad que planeaba ataques con cohetes y drones— fueron catalizadores clave. Tras meses de inteligencia, el Gobierno actuó con redadas en varias ciudades.

La medida también refleja presiones externas, especialmente de Estados Unidos, que busca contrarrestar movimientos islamistas como Hamás, vinculados ideológicamente a la Hermandad. Jordania se alinea así con Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Egipto, que consideran a la Hermandad una amenaza terrorista, fortaleciendo su posición en una coalición regional contra el islam político.

Sin embargo, la prohibición ha generado controversia interna. El Frente de Acción Islámica (FAI), brazo político de la Hermandad, triplicó su representación parlamentaria en las elecciones de septiembre, capitalizando su postura pro-palestina. Críticos como el diputado Saleh al-Armouti advierten que la represión podría radicalizar a moderados y alienar a la población palestina, que representa casi la mitad de los jordanos, profundizando las divisiones sociales.

El Gobierno defiende la legalidad de sus acciones, argumentando que son necesarias para proteger la identidad nacional y prevenir injerencias extranjeras. Un alto funcionario destacó que la Hermandad representa una amenaza ideológica, y las autoridades investigan posibles vínculos con financiación ilícita. Además, la represión se enmarca en los preparativos para la sucesión del príncipe heredero Hussein, buscando neutralizar oposiciones que puedan desestabilizar la transición real.

A nivel regional, Jordania refuerza su compromiso contra el islam político, alineándose con monarquías árabes y cooperando con Siria en seguridad transfronteriza. Sin embargo, la medida es un riesgo calculado: aunque puede frenar amenazas inmediatas, podría exacerbar tensiones internas y crear un vacío que aprovechen grupos más radicales.

Jordania enfrenta ahora el desafío de equilibrar seguridad y cohesión social. La represión podría consolidar el reino o, por el contrario, alienar a comunidades clave, especialmente palestinos y jóvenes descontentos. El éxito de esta estrategia dependerá de cómo Ammán gestione las consecuencias, tanto internas como externas, para evitar una mayor fragmentación social y garantizar la estabilidad a largo plazo.