Las autoridades húngaras han recurrido a la ley aprobada el pasado marzo, en la cual se prohíben explícitamente las reuniones o manifestaciones que promuevan la homosexualidad o el cambio de sexo, para cancelar la marcha que pretendía tener lugar el próximo 1 de junio, con el argumento de la protección de los menores.

Como era de esperar, esto ha sido duramente criticado por la Unión Europea, que lo ha calificado como un ataque a los derechos de las minorías. No es ningún secreto, la antipatía que desde Bruselas suscita el dirigente Viktor Orbán, el cual supone el verdadero azote contra la nefasta ideología woke en Europa.

Las organizaciones no gubernamentales que habían convocado esta marcha, han recalcado que el carácter pacífico del evento, así como el objetivo de preservar los derechos de la comunidad LGTB+ en Hungría, criticando la prohibición ejercida por el Gobierno de Viktor Orbán basándose en la nueva ley promovida hace apenas tres meses.

Esta ley tiene por objeto la protección de los menores, primando los derechos de estos sobre los del colectivo LGTB, justificando que la promoción de estas actividades, podrían afectar seriamente al futuro desarrollo de los niños.

La ley aprobada con mayoría absoluta por el Parlamento húngaro señala que el derecho del menor al adecuado desarrollo físico, mental y espiritual prevalecerá sobre todos los demás derechos fundamentales, con la excepción del derecho a la vida, así pues, la protección de los menores está por encima del derecho de reunión.

Esta prohibición sucede al mismo tiempo que el Parlamento Húngaro, en el que el Partido de Viktor Orbán ostenta la mayoría absoluta, discute medidas que pretenden acotar todavía más las actividades tanto de ONGs como de organizaciones civiles que pretendan subvertir el orden constitucional, y que podría conllevar el cierre de las mismas.

En este sentido se está desarrollando por parte del Gobierno una iniciativa que tendría como fin la creación de un registro de organizaciones que puedan amenazar la soberanía húngara siguiendo órdenes del extranjero; todo ello inspirado en el modelo ruso de 2012, en el cual la Duma estatal aprobó una ley sobre “agentes extranjeros” para evitar cualquier intromisión a través de esta malévola táctica.