La pregunta clave recorre el espectro de la información y los tejidos políticos de  Iberoamérica: ¿Quién planeó el asesinato del senador y precandidato a la Presidencia Miguel Uribe Turbay?

Desde luego, hay varias teorías y suposiciones que emergieron apenas sucedió el acto criminal, cuyo actor material inmediato es un adolescente de 14 años. El guion es clásico: un chico desarrollando el rol de sicario tan común en las sociedades que están flageladas por el narcotráfico y la inseguridad estructural.

Un gatillador que no puede testimoniar lo que el público demanda porque él mismo desconoce, seguramente, las conexiones oscuras que hay detrás del incidente trágico.

Con la escena manifiestamente pública no se revela ningún código ocultista ni se expone una prohibición de líneas rojas de poder. Lo sentimos por la desilusión que podrían sentir los que buscan incansablemente  “dinosaurios  debajo de cada piedra”.

Todo aparenta ser un movimiento típico de montaje de un crimen para sacar a alguien de la circulación de la competencia política porque la candidatura de Uribe molestaba a ese “alguien”, que puede ser un actor individual o colectivo, en sus  expectativas electorales e intereses de una agenda de poder.

Es necesario remarcar  que Uribe Turbay no refleja un peligro para el conjunto de las escaleras del sistema de poder en Colombia; pese a eso, inquietaba y preocupaba a ciertos niveles que, visto lo visto, no querían que Uribe Turbay continuase en la ronda para la presidencia.

Es un acto  de violencia política a secas, un “asesinato político” que, si bien no tiene la dimensión del crimen contra Juan Carlos Galán (quien fuera asesinado en 1989, crimen atribuido al Cártel de Medellín), sí tiene el sello efectista que implica apellidarse Uribe Turbay y expresarse en un lenguaje anti-izquierdista en un contexto de encendida e incambiable polarización política que, hasta el 7 de junio, tenía a un Miguel Uribe ascendiendo en el espacio derechista, tomando para sí más partes del pastel político del anticomunismo alineado tradicionalmente con los Estados Unidos y con el perfil político de su abuelo, el expresidente Julio César Turbay Ayala, y el legado de su madre, Diana Turbay, comunicadora que fuera asesinada por el cártel de Medellín en 1991.

El pueblo colombiano tiene una cita para elegir un nuevo mandato presidencial el 31 de mayo de 2026, pero dos meses antes deberá acudir para la renovación del congreso de la nación y, de acuerdo con algunos indicios, varias familias políticas gravitarían menos en el próximo proceso general electoral y donde la derecha y la izquierda  no escatimarán esfuerzos y recursos para alzarse con la victoria final.

Y, al lado de ellas, también harán lo suyo los poderes fácticos internacionales.