En una decisión que captó todo el interés político de la Argentina  y partes de otros países de la región latinoamericana, la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina confirmó el fallo precedente emanado de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal por el cual se hace responsable a Cristina Fernández de Kirchner de delitos relacionados con la defraudación al Estado mediante contratos de obras públicas.

De esta manera, la Corte Suprema deja firme la sentencia de prisión de 6 años para la expresidenta, una inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos y el decomiso de más de 70 millones de dólares del patrimonio gestionado por la expresidente.

Tal y como la misma Cristina Fernández de Kirchner había dejado entrever un día antes de que se conociera el pronunciamiento de la Corte Suprema, su futuro político como líder influyente se vio comprometido y hasta cancelado.

Aunque ella y sus colaboradores más estrechos habían presionado hasta la tarde del 10 de junio para que no se consumara la pena de prisión, los altos miembros del poder judicial se mantuvieron en una postura que, claramente, ya había sido consensuada  antes de que comenzara la presente semana y que coloca tanto al kirchnerismo como a sus aliados en el plano de la derrota histórica y que contribuye a correr a Cristina Fernández de Kirchner del centro político del país, 20 años después de que ocurriera la llegada de la Familia Kirchner al primer cargo político del estado.

El fallo llegó tras superar más de 20 instancias judiciales y pudo efectivizarse en gran parte por la presión que desencadenaron algunos actores del establishment y del espacio que conduce el expresidente Mauricio Macri quienes, desde hace varios años, querían sacar del juego político a quien dirigió la presidencia en dos cuestionables mandatos  y fuera la vicepresidenta de uno de los peores gobiernos de la historia argentina: el de Alberto Fernández.

Precisamente, Cristina Fernández de Kirchner pudo hacer que su fuerza política retornara a la administración nacional, en 2019,  cuando se apuntó como compañera de la candidatura de Alberto Fernández, quien, a su vez, fue apuntalado por un sector del empresariado que, hoy, obtuvo que la Corte Suprema ratificará la condena y la exclusión política de Cristina Fernández de Kirchner.

De acuerdo con la información recabada, en esta experiencia tuvo poca o ninguna injerencia el presidente Javier Milei a quien le convenía políticamente tenerla a Fernández de Kirchner compitiendo electoralmente contra el gobierno libertario para recoger los votos antikirchneristas y desplazar  definitivamente a figuras como las de Mauricio Macri.

A partir de este acontecimiento, el plan de Milei sufrirá algunas modificaciones para sostenerse en las narrativas políticas y en los actos eleccionarios de los próximos meses.

Pero el revés judicial del Kirchnerismo también es una alerta temprana para los Milei por su forma de manejar las cajas públicas, propiciar los negocios non sanctos que suceden en su interior y por los modos arbitrarios que emplean.

Porque, así como acontece en otras partes del mundo, en la Argentina los presidentes pasan, pero algunas estructuras de poder permanecen.

Cristina Fernández de Kirchner cosecha sólo una parte de lo que sembró, mientras que las mayorías nacionales buscan un nuevo liderazgo.