El asesinato en Francia hace pocos días del joven Quentin, linchado por activistas antifa, exige una respuesta firme de la justicia, una conciencia del peligro que supone la extrema izquierda y una clarificación moral contra toda forma de intolerancia política.
Se llamaba Quentin. Tenía 23 años. Una edad en la que empiezas a planificar el futuro, cuando el futuro importa más que el pasado, cuando aún crees que la vida se despliega ante ti. Hoy, ya no está.
Quentin era de Vienne, en la región de Isère. Era estudiante. Un joven serio, exigente consigo mismo, dedicado a sus estudios, apasionado por las matemáticas, atraído por la reflexión y la búsqueda de la verdad. Quienes lo conocieron lo describen como un joven tranquilo, discreto y trabajador. Amaba el tenis, las largas discusiones y la filosofía. Pertenecía a esa generación que piensa, busca y construye.
Su fe fue fundamental en su vida. No había crecido en la religión, pero se había convertido al catolicismo unos años antes, tras un proceso personal. Vivió esta conversión plenamente. Estaba muy involucrado en su parroquia, era fiel, comprometido y estaba impulsado por una profunda convicción. Incluso había atraído a su familia a este movimiento, convenciendo a sus padres, quienes también se convirtieron después de él. Su fe no fue una herencia. Fue una elección.
La muerte de Quentin desató una profunda emoción. En las horas posteriores al anuncio de su fallecimiento, los homenajes se multiplicaron. Los mensajes de tristeza e ira abundaron. Pero esta emoción no fue unánime. Hay que decirlo con gravedad: algunos rieron. Otros restaron importancia a la tragedia.
Otros derramaron lágrimas de conveniencia mientras se apresuraban a minimizar la gravedad de los acontecimientos. Vergüenza para quienes ridiculizaron la muerte de un joven. Vergüenza para quienes distorsionaron la realidad por lealtad ideológica. Vergüenza, en definitiva, para quienes, por cálculo, cobardía o interés propio, optaron por edulcorar esta indescriptible tragedia.
Por una vez, el Presidente de la República francesa habló. Emmanuel Macron denunció una oleada de violencia sin precedentes y reiteró que ninguna causa ni ideología justifica el asesinato. Sus palabras fueron acertadas. Eran esperadas. Nos recuerdan una verdad evidente que nunca debería ser necesario repetir: en una democracia, la violencia política no tiene cabida.
Pero algo faltaba en esta declaración. Hablar de un clima sin nombrar a sus autores es quedarse corto. La violencia no surge de la nada. Es alimentada por grupos, legitimada por la retórica y sostenida por una cultura política que, durante meses, ha normalizado la intimidación y acostumbrado a la idea de que ciertos oponentes son, de alguna manera, superfluos. En Francia, la izquierda mata. Negarse a decirlo, negarse a verlo, ya es otorgarle una forma de impunidad. Es aceptar que la violencia arraiga, que se vuelve común, que recurre.
La pregunta ya no puede eludirse: ¿qué hacemos ante esta espiral? Porque esto ya no es un incidente aislado. Es la violencia política la que se ha convertido en un método. La primera respuesta debe ser la de la justicia. Debe ser implacable. No por espíritu de venganza, sino por exigencia de orden.
Los responsables de la muerte de Quentin deben rendir cuentas plenamente por sus actos, individualmente, sin diluir la responsabilidad. Las imágenes muestran a varios de ellos. Detrás de cada golpe, hay una intención. Detrás de cada intención, debe haber una consecuencia. Una democracia que no castiga a quienes matan a golpes abdica de una parte de sí misma.
La segunda respuesta es política. Requiere acabar con la ambigüedad. Requiere identificar a los grupos, redes e intermediarios que perpetúan esta cultura de confrontación constante. Organizaciones como la Joven Guardia han prosperado en una zona gris, en la frontera entre el activismo y la lógica miliciana.
Esta zona gris debe desaparecer. Todo lo que amenace el orden público debe ser disuelto. Todo lo que legitime la violencia debe ser condenado. Sin vacilación. Sin cautela. Sin excepción.
Pero más allá de las sanciones, esta tragedia exige una llamada de atención. Una aclaración moral. Una línea que ya no se puede cruzar. Porque una democracia no puede sobrevivir si tolera que algunos de sus ciudadanos sean considerados indignos de la existencia política.
Respetar la memoria de Quentin no es simplemente una cuestión de doblegarse. Es una decisión colectiva de que ningún joven volverá a morir por sus creencias. Es cuestión de establecer un límite. Y atenerse a él.


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