Este es uno de los interrogantes que suscitan, en la esfera de los funcionarios y los partidarios de Trump, una mezcla de emociones.

Por una parte,  hay una  preocupación latente por el funcionamiento de un lawfare y, por el otro lado, se ve una fortaleza para desentrañarlo.

El juez Paul Engelmayer prohibió, por una semana,  al personal de Trump acceder a los datos del Departamento de Tesoro, resolución judicial que, lógicamente, produjo una reacción en cadena por parte de todos los trumpianos haciendo notar que el juez de Nueva York fue designado para el puesto por el expresidente Barack Obama.

Engelmayer intenta tanto la obstaculización del gobierno naciente en funciones como la restricción que personas -entre ellas, Elon Musk- conozcan los pormenores de la información valiosa del Tesoro. Quizá, cuando la orden judicial sea levantada o descartada, la base de datos que se abrirá habrá sido depurada.

Bloquear al Poder Ejecutivo no repercutirá en mayores beneficios para el futuro del juez referido, pero se sabe, en el espacio judicial, que una de las metas de Trump es limpiar el Departamento de Justicia, reemplazar a su burocracia demócrata y reemplazarla por otra. Debido a ello y actuando de manera facciosa, el juez Engelmayer habría emitido ese polémico fallo.

Anteriormente, dos jueces federales bloquearon, igualmente, la orden de Trump de poner fin al derecho a la ciudadanía de hijos, que  nacieron en EE UU., y cuyos progenitores se encontraban de forma ilegal en los EE UU.

Elon Musk piensa que hay un golpe judicial en movimiento, pero, dejó trascender, que ellos no se amilanarán y que se mantendrán firmes en los esfuerzos para conseguir lo pensado y lo que fue prometido.

No cabe la menor duda de que la Administración Trump preveía de antemano que tendría una orquestación judicial en su contra. Así y todo, ya habrá tomado las precauciones y elaborado las contramedidas del caso.