Mientras miles de venezolanos corren a alistarse al Ejército Bolivariano, tres destructores estadounidenses se acercan a la frontera de aguas territoriales venezolanas.

La expedición, que incluye a los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, forma parte de las operaciones extraterritoriales autorizadas por la Casa Blanca para combatir -según afirma- a los cárteles de la droga, a los que la Administración Trump ha designado como organizaciones terroristas, incluyendo los cárteles de Sinaloa y Los Soles.

Tal despliegue, anticipado por fuentes del Departamento de Estado a diferentes asociaciones de prensa, se suma al importante despliegue naval de 4.500 marines del Comando Sur. El costo de la operación se eleva a 6 millones de dólares diarios.

Esto supone una escalada de tensiones sin precedentes, casi alcanzada en 2019-2020, cuando el ex asesor de Seguridad Nacional de EE. UU., John Bolton, apoyó la intervención militar en Venezuela.

La cruzada estadounidense también se extiende al Océano Pacífico, donde Washington afirma haber incautado ya media tonelada de droga transportada por el cártel de Los Soles, del que se acusa a Maduro de ser el jefe. Según la Casa Blanca, esta organización está administrada y liderada por el «dictador» venezolano, como ya ha admitido Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo, quien actualmente colabora con las autoridades estadounidenses.

El Departamento de Estado Norteamericano ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por la captura del Presidente Venezolano, cuyos bienes, según la fiscal general Pam Bondi, ascienden a 700 millones de dólares. No permanecerá en el cargo más allá de fin de año, declaró el senador republicano Bernie Moreno, quien calificó al «dictador bolivariano» de narcoterrorista.

Esta aseveración la ha confirmado el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para quien el régimen de Maduro es una organización criminal que además amenaza a las compañías petroleras estadounidenses que operan en Guyana.

El Informe Mundial sobre Drogas de 2025 no identifica ningún cultivo ni laboratorio de cocaína en Venezuela. Pero más allá de las negaciones oficiales, algunos en el Palacio de Miraflores se muestran impresionados por el silencio tanto de Moscú como de Pekín, que desde hace tiempo se han mostrado contrarios a la injerencia estadounidense en Caracas.

En respuesta a Estados Unidos, la presidencia venezolana desplegó 5.000 milicianos, una cantidad equivalente a la de los marines en el Caribe, y ahora patrulla sus aguas territoriales con su flota. El ejército de Caracas también ha activado su sistema de misiles antiaéreos, y se ha prohibido la compra y venta de drones en todo el país.

La tensión aumenta con el paso de las horas. El Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano se ha atribuido la expulsión de la DEA de Caracas hace veinte años y ha reiterado que las amenazas estadounidenses desestabilizan no solo a Venezuela, sino a toda la región y demuestran la desesperación del Gobierno estadounidense.

Poco antes, el Fiscal General Tareck William Saab había hablado de guerra híbrida, y el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, había calificado la operación de falso positivo para justificar la invasión de Venezuela. Algunos opositores, entre ellos el economista José Guerra, se distancian de la iniciativa, enfatizando que el cambio solo puede venir desde dentro.

Mientras tanto, la vigilancia se intensifica, y el Vicepresidente Diosdado Cabello, afirma haber frustrado un tercer atentado en diez días. De esta forma, se habrían realizado decenas de arrestos, todos vinculados a la líder opositora María Corina Machado.

Le realmente evidente en esta operación es que los buques de Chevron, la petrolera norteamericana con intereses en Venezuela, navegan ahora entre los destructores y restablecen la exportación de petróleo venezolano a Estados Unidos.