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El caso de Le Pen pone al descubierto la carencia de imparcialidad de la Justicia Francesa

1–2 minutos

En medio de una fuerte polarización de la sociedad francesa, la sentencia que recientemente ha condenado a Marine Le Pen por desvío de fondos europeos ha suscitado una intensa polémica en el país galo, y comienzan a alzarse determinadas voces que la califican de haber sido dictada bajo presiones políticas.

La inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años ha sido uno de los puntos más controvertidos de la sentencia, que, para mayor escarnio, esta medida no podrá suspenderse en caso de que dicha sentencia sea apelada ante el órgano judicial superior. El descaro y la parcialidad del Tribunal se ha hecho patente en este punto, ya que este hecho merma considerablemente el derecho a la defensa de la líder francesa y la dejaría fuera de la carrera presidencial de 2027.

Los partidarios de Agrupación Nacional, el Partido de Marine Le Pen, ya hablan abiertamente de una conjura de la élite política para anularla y excluirla de las elecciones. Una situación totalmente descarada y antidemocrática que ya comienza a ser una constante en Europa como hace dos meses ha ocurrido en Rumanía.

Unido a la condena de inhabilitación, la resolución judicial contiene una pena de cuatro años de prisión, de estos, dos pueden ser cumplidos en la modalidad de arresto domiciliario portando un brazalete electrónico. Sorprendentemente, en caso de apelación, la aplicación de esta pena sí quedaría suspendida. Lo cual demuestra palmariamente las intenciones políticas del Tribunal, que han concentrado todos sus esfuerzos en la inhabilitación.

Después de más de diez años una de investigación judicial, este caso ha sido tachado por muchos analistas como una oscura artimaña con el fin de impedir que una figura incómoda para las élites sistémicas tanto de Francia como de Europa, pueda poner en peligro el eje sobre el que gira toda la cosmovisión política.

Marine Le Pen ya está trabajando en su defensa, pero el debate sobre la utilización de los tribunales con fines políticos ya se ha abierto en Francia, y son cada vez más los que ponen en duda la tan cacareada separación de poderes.


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