Los palestinos acusados ​​de la masacre del 7 de octubre de 2023 serán juzgados por un tribunal especial israelí, que también tendrá la potestad de condenarlos a muerte.

Por 93 votos a favor y ninguno en contra, la Knesset aprobó en la madrugada del 12 de mayo un proyecto de ley específicamente diseñado para los responsables de participar en el ataque organizado por Hamás. 

Esta medida permite al gobierno de Netanyahu eludir la cláusula de irretroactividad de la otra ley de pena de muerte para palestinos aprobada en marzo. Dicha ley, impulsada por el ministro extremista Ben Gvir, se aplica únicamente a casos futuros y no a quienes ya se encuentran en prisión preventiva.

Esta nueva disposición, al igual que la aprobada en marzo, ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos. Según las ONG, no solo se facilita la imposición de la pena de muerte, sino que también se eliminan los procedimientos que protegen el derecho a un juicio justo.

Algunas entidades, como Hamoked, Adalah y el Comité Público contra la Tortura en Israel, han declarado que, si bien «la justicia para las víctimas del 7 de octubre es un imperativo legítimo y urgente», cualquier rendición de cuentas por los crímenes «debe llevarse a cabo mediante un proceso que incorpore, en lugar de abandonar, los principios de justicia». 

El Comité Público contra la Tortura en Israel también señaló que el país mantiene a aproximadamente 1.300 palestinos de Gaza detenidos sin cargos en sus centros de detención. Al menos 7.000 palestinos de Gaza han sido detenidos por Israel desde octubre de 2023, y 5.000 de ellos han sido liberados desde entonces.

La ley recientemente aprobada estipula que la pena de muerte será impuesta por un panel de jueces por mayoría de votos. Los acusados ​​podrán apelar la sentencia, pero las apelaciones serán examinadas por un Tribunal de Apelación especial e independiente, en lugar de los Tribunales de Apelación ordinarios.

Las audiencias también se celebrarán en una sala de audiencias en Jerusalén y se transmitirán en directo (el juicio de 1962 contra el criminal de guerra Adolf Eichmann también fue televisado. El nazi fue posteriormente ejecutado en la horca). 

Este último punto es otro motivo de controversia planteado por los opositores al proyecto de ley: la transmisión de los procedimientos antes de que se establezca la culpabilidad, una preocupación común, corre el riesgo de convertir los juicios en espectáculos.

También existen dudas sobre la fiabilidad de las pruebas presentadas, ya que podrían haber sido obtenidas mediante técnicas de interrogatorio violentas.